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El Consell aprovecha el acuerdo de la AVL para cambiar el valenciano que utilizaba hasta la fecha

La Acadèmia rechazó la lista de palabras que el Gobierno quiere convertir en decreto

El Consell anunció ayer la aprobación de un decreto con un lista de palabras y soluciones lingüísticas valencianas, consideradas más autóctonas, de obligado uso en la Administración autonómica, justo un día después de que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) declarara oficial el valenciano de la Generalitat. El Consell pretende acallar el descontento suscitado en las filas secesionistas presentando una lista rechazada por la propia Acadèmia por discutible.

La perplejidad se apoderó de los informadores al término de la reunión del Consell cuando la consejera portavoz, Alicia de Miguel, anunció que se había encargado un decreto al consejero de Cultura, Manuel Tarancón, mediante el cual se incorporarán a los documentos de las instituciones autonómicas 'nuevas palabras reconocidas y autorizadas' por la AVL, como consecuencia del acuerdo alcanzado el lunes en el seno del ente normativo.

Al principio se pensó que hablaba de hacer un decreto con la normativa, pero no. Se trata de otra relación, aunque la mayoría de las palabras están incluidas en el texto normativo de la AVL, más corto para evitar aspectos discutibles mientras se trabaja en una gramática y un diccionario. Pronto surgió el recuerdo del listado que en su día promovió el ex director general de RTVV, Amadeu Fabregat, para evitar términos que, supuestamente, sonaban demasiado a catalán.

El anuncio ha sentado como un jarro de agua fría en los sectores académicos de la AVL. Fuentes de la misma expresaron ayer su absoluto rechazo por lo que consideran una manipulación e intromisión en el trabajo de la institución, que rechazó esa lista, la más amplia de las presentadas. También sugirieron que son los académicos más próximos al PP los que han filtrado e instrumentalizado el trabajo de la AVL.

El futuro decreto fijará el uso de este en lugar de aquest, como, por ejemplo, ha venido utilizando el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) desde 1983. De tal manera que con el nuevo decreto se cambiará la propia normativa empleada por la Generalitat, y que la Acadèmia considera correcta, si bien reconoce expresiones más autóctonas. Ahora lo que hace el Consell es censurar esos términos. Sin embargo, fuentes de Presidencia aseguraron que se podrán utilizar ambos registros. De Miguel se felicitó además por el acuerdo de la AVL.

El caso es que con este anuncio, que se interpreta como un intento de salvar la cara frente a los sectores más blaveros, se ha empañado el acuerdo del lunes de la Acadèmia, en virtud del cual, por primera vez, se declaraba oficial una normativa. Incluso los últimos bastiones del secesionismo lingüístico en las instituciones valencianas, como la Consejería de Agricultura o el Palau de la Música, dirigidos por las ex regionalistas María Ángeles Ramón-Llin y Mayrén Beneyto, respectivamente, anunciaron ayer que acatarán la normativa dictada por la AVL. Ramón-Llin destacó la 'valencianización de la normativa', al igual que el portavoz parlamentario del PP, Alejandro Font de Mora.

El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, calificó de 'paso adelante' para la normalización de la lengua el acuerdo de la AVL, y pidió aplicar el Pacte per la Llengua. El líder de EU, Joan Ribó, lo tildó de positivo, si bien considera que llega tarde. Pere Mayor, presidente del Bloc, señaló que es un punto de partida positivo y generoso para avanzar en la normalización. También los sindicatos CC OO, STEPV y UGT valoraron el acuerdo. Y así lo hizo también Acció Cultural del País Valencià, que pide al Consell coherencia y la derogación del decreto de mínimos de Secundaria, aprobado ayer definitivamente por el Consell, y que excluye a los autores no valencianos. El Institut d'Estudis Catalans aplaudió el acuerdo como el inicio del entierro del conflicto lingüístico.

José María Chiquillo, presidente de Unión Valenciana, fue la voz más discordante, junto al Grup d'Acció Valencianista. Ambos consideran que la normativa es una catalanización de la lengua y la rechazaron virulentamente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de marzo de 2002