Rehenes de sus vecinos

Los minusválidos físicos dependen de sus vecinos para entrar o salir de su casa. La Ley de Propiedad Horizontal exige el beneplácito del 51% de los vecinos de una comunidad para eliminar cualquier barrera arquitectónica. Si no se logra, el discapacitado no puede construir rampas y queda confinado en su propia casa.

Dolores Moreno se topó con este problema cuando su hijo de 18 años quedó parapléjico en un accidente de bicicleta. Nueve escalones le impedían entrar o salir de la vivienda, en Ronda. Conmovidos por la situación, los vecinos aprobaron la obra y el ayuntamiento asumió los costes. Los trabajos comenzaron, pero fueron paralizados por la oposición de otros propietarios. Ahora el chaval depende de sus padres o de sus amigos para salir de casa. 'Si no encontramos pronto alguna solución tendremos que mudarnos', se queja la madre, abatida.

Hay otra ley, la 15/95, que contempla la posibilidad de que los afectados acudan a los tribunales si los vecinos persisten en su negativa. Aunque los jueces casi siempre fallan a favor de los minusválidos, el secretario general de la CAMF, Gonzalo Rivas, sostiene que el ejercicio de derechos fundamentales no tiene que judicializarse. 'Además, con lo lenta que es la justicia hay situaciones sangrantes que se prolongan durante años', advierte.

Una sentencia de la Audiencia de Bilbao sostiene que el quórum vulnera cinco derechos constitucionales: a una vivienda digna, al patrimonio, a la dignidad, a la igualdad, así como la obligación de los poderes públicos de impulsar la integración de las personas con discapacidad.

Cambio normativo

Por eso, la CAMF lleva desde que se aprobó la Ley de Propiedad Horizontal en 1999, pidiendo que se elimine el requisito del 51%. En su opinión debe bastar con una autorización municipal que certifique que la obra no afecta a la estructura del edificio. En septiembre de 2000, la secretaria de Asuntos Sociales del Gobierno central, Concepción Dancausa, se comprometió a estudiar la modificación de la ley. 'Pero ni el Gobierno ni los grupos políticos del Parlamento a los que nos hemos dirigido han hecho nada', se queja Rivas.

Ya en 1999, el Defensor del Pueblo andaluz dio parcialmente la razón a los minusválidos al estimar que la supresión de las barreras arquitectónicas debía ser costeada por la comunidad porque beneficiaba a todos los vecinos. Pero el Defensor andaluz no entró en la inconstitucionalidad alegada por la CAMPF y remitió la cuestión al Defensor del Pueblo español, al discutirse una norma de ámbito estatal.

Este organismo tampoco planteó el recurso de inconstitucionalidad. Eso sí, recomendó que se dieran más y mayores ayudas para eliminación de barreras arquitectónicas en los bloques de vecinos. Rivas se indigna: 'Lo principal es que hay gente secuestrada en su casa y eso es una vulneración de sus derechos fundamentales, no el dinero'.

Es el caso de Isolina Barrio, una mujer de 76 años residente en Marbella, que padece una parálisis degenerativa. Hay sólo seis escalones, pero para ella cada vez es más difícil superarlos. Un puñado de vecinos se resiste a construir una rampa para no quitar la puerta de entrada que es toda una antigüedad.

'Una persona vale más que una puerta', reflexiona Isolina, quien recuerda que las barreras arquitectónicas son un obstáculo no sólo para los ancianos como ella, sino también para un joven que sufra un accidente o para las mujeres con carritos de bebé. E insiste: 'Estoy confinada dentro de mi casa. Soy rehén de mis vecinos por una cuestión estética'.

Carmen Trillo es mucho más joven. Tiene 46 años, pero desde que nació está atada a una silla de ruedas porque padece espina bífida. Sus padres ya son mayores y también depende de sus hermanos o sus cuñados para salir de casa. Su caso está en vías de solución con la mediación de una técnico del ayuntamiento de Málaga que explica que la negativa de los vecinos bloquea también el acceso a las ayudas para las obras, ya que para conceder subvenciones se exige el acuerdo previo de la comunidad.

A Mari Carmen Palomo la rampa le costó 1.800 euros (300.000 pesetas). Los pagó con rifas y colectas. Así eliminó los cinco escalones que le impedían sacar a la calle a su hija de 15 años paralítica cerebral. Durante 14 años tuvo que subir y bajar a pulso a su hija 'por el rechazo de tres o cuatro'.

La CAMPF añade que las nuevas normas que impulsan la sustitución de ascensores de una puerta por otros de dos planteará nuevas dificultades ya que, al ser más estrechos, impiden la entrada de una silla de ruedas. Eso fue justamente lo que imposibilitó que otra malagueña, Ana Gutiérrez, pudiera salir de su casa en sus últimos meses de vida. La silla de ruedas era cuatro centímetros más ancha que la doble puerta del ascensor.