El PSN pide investigar una operación urbanística que benefició a Íñigo Cavero

Los socialistas navarros quieren que el órgano fiscalizador de la Comunidad foral, la Cámara de Comptos, realice una auditoría sobre una operación urbanística de compra y recalificación de terrenos para uso industrial en la localidad de Cintruénigo. El PSN sostiene que la operación perjudicó al Ayuntamiento de la localidad y generó unas plusvalías de 300.000 euros a Íñigo Cavero, ex ministro de UCD y presidente del Consejo de Estado.

Los socialistas han iniciado los trámites para que los consejeros de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del Ejecutivo de UPN comparezcan ante el Parlamento y expliquen las razones técnicas y políticas de una operación que, según el senador socialista Carlos Chivite, triplicó el precio de unos terrenos rústicos de 70.000 metros cuadrados en beneficio de Íñigo Cavero y lesionó los intereses públicos del municipio de la Ribera navarra.

El Ayuntamiento pagó casi tres veces más por un suelo recalificado como industrial por la propia corporación municipal, con una pérdida económica de 680.000 (113 millones de pesetas) de euros. La operación se realizó en 1997. Un protocolo a tres bandas entre el alcalde de Cintruénigo, Faustino León (UPN), el Gobierno de Navarra, también en manos de UPN, y la empresa Gimsa, firmado en mayo de 1997, permitió adquirir 150.000 metros cuadrados de suelo rústico y recalificarlo en suelo industrial. La mayor parte de esa superficie se destinó a la implantación de una firma dedicada a la fabricación de muebles.

El 70% de los terrenos adquiridos pertenecían al presidente del Consejo de Estado, Íñigo Cavero, quien gracias a la recalificación, según la información aportada por el senador socialista Chivite, vio cómo la finca, valorada inicialmente en 210.000 euros, fue adquirida por el ayuntamiento local en 510.000 euros (84,8 millones de pesetas).

El consistorio se comprometió a poner a disposición de Gimsa 50.000 metros cuadrados de suelo industrial y reservarle otra parcela similar a cambio de la inversión comprometida, 3,6 millones de euros para crear 50 puestos de trabajo. La tasación del valor de las fincas la realizó Joaquín Aliaga, que es amigo personal de Cavero, según la oposición socialista.

El PSN afirma que el alcalde, Faustino León, firmó el convenio de recalificación sin consentimiento del pleno municipal, al que nunca llegó el contenido del acuerdo, según ha denunciado Chivite. Además, señala que los terrenos adquiridos se encontraban situados muy lejos de la superficie industrial existente. Sin embargo, el cambio de ubicación de un gran puente de acceso a la zona, decidido por el Departamento de Obras Públicas, que dirige el consejero José Ignacio Palacios, allanó el camino para recalificar en total 150.000 metros cuadrados que antes eran de uso agrícola. Éstos son propiedad, según la denuncia del senador Chivite, de varios propietarios locales cercanos al equipo de gobierno de UPN en el pueblo.

Militancia compartida

Cavero, Aliaga y Palacios coincidieron en su militancia popular antes de que se produjera la fusión del partido de Aznar con UPN en Navarra. El ex ministro Íñigo Cavero procedía de UCD y se afilió al PP en 1991. Aliaga y Palacios militaron en AP y PP. Llegaron a las filas de UPN de la mano del actual diputado popular Jaime Ignacio del Burgo, y ocuparon cargos de relevancia en el partido que gobierna Navarra. Aliaga perteneció al Consejo Ejecutivo de UPN hasta 1993 y se presentó como candidato, junto a León, en las elecciones de 1995.

El Gobierno de Miguel Sanz dio luz verde a la ubicación final del polígono, desdeñando la reclamación socialista de habilitar el espacio contiguo al polígono existente. La diferencia entre ambas propuestas la resumió Carlos Chivite con un dato: 'El precio del metro cuadrado para las industrias ascendió de 25 a 50 euros'.

Si las instituciones hubiesen declarado el interés general del proyecto, el terreno rústico propiedad de Íñigo Cavero se hubiese podido comprar, vía expropiación, a tres euros el metro cuadrado. Pero no se hizo así y se pagó a 7,5 euros el metro cuadrado.

El alcalde, Faustino León, ha negado que la información del convenio se hubiese ocultado al pleno y afirma que los terrenos se tasaron antes, se compraron y, a continuación, se recalificaron. Cinco años después, Gimsa no ha levantado la fábrica que prometió. El alcalde cirbonero ha abierto, eso sí, una investigación para determinar cómo se filtró la información confidencial del convenio y saber si algún funcionario vulneró el 'sigilo escrupuloso' y el deber de 'guardar reserva' que pesa sobre ellos.