El alcalde de Pego afirma que se pasa 'por el forro' la sentencia que le obliga a devolver dinero

'La sentencia me la paso por el forro'. Así reaccionó ayer el alcalde de Pego, el independiente Carlos Pascual, a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que obliga al primer edil y a su equipo de gobierno a devolver las cantidades que han cobrado en los últimos tres años de forma indebida por asistir a plenos y comisiones municipales. Dichas retribuciones fueron aprobadas, en acuerdo plenario, por el gobierno de Pascual el 3 de julio de 1999. Establecían que los concejales de la oposición (Bloc, PSPV y PP) podrían percibir un máximo de 150,25 euros (25.000 pesetas) por acudir a los órganos colegiados. Sin embargo, para los miembros del gobierno el tope oscilaba entre 600 euros (100.000 pesetas) y 1.719 euros (286.000 pesetas).

El TSJ ha dictaminado que este acuerdo no sólo 'discrimina' a la oposición, sino que ha estado permitiendo al equipo de Pascual, que gobierna con mayoría absoluta, cobrar un 'sueldo encubierto'. Sólo el alcalde y su mujer, Maite Ferrándiz, que es teniente-alcalde, ingresaban más de 3.000 euros (500.000 pesetas) netos al mes por esta vía. La oposición calcula que el gobierno de Pascual ha podido cobrar indebidamente 240.000 euros (40 millones de pesetas).

Pascual convocó ayer un pleno a las siete de la mañana. La sentencia centró los discursos y alargó la sesión más de dos horas. En este tiempo el alcalde expulsó al portavoz del Bloc, Ximo Tur, y le persiguió por la sala hasta la salida con amenazas e insultos. El Bloc fue el partido que recurrió el acuerdo municipal de retribuciones que el TSJ ha anulado. La misma suerte corrieron varias personas del público, y un equipo de periodistas de Canal 9, a quienes Pascual impidió que grabaran, les increpó y expulsó. La Unió de Periodistes Valencians emitió una dura nota de protesta y anunció que llevará el caso al fiscal.

Pascual no negó ayer que haya estado percibiendo cantidades fijas por asistencia a comisiones y plenos. Reconoció que en los siete años que ocupa la alcaldía de Pego, él y su mujer han cobrado 168.284 euros (28 millones de pesetas) por este concepto. 'Si el juez nos lo quita [el dinero cobrado de más], nos aumentaremos el sueldo para recuperarlo, porque mi trabajo no tolero que lo pongan en entredicho ni políticos ni jueces', aseveró.