El Gobierno convoca una reunión técnica en abril para desbloquear la cesión de las políticas de empleo

El Ministerio de Administraciones Públicas ha decidido convocar a la Junta a una 'ponencia técnica' en abril para desbloquear la transferencia de las políticas activas de empleo a Andalucía, traspaso que ha sido anunciado en varias ocasiones por el Gobierno en los últimos cinco años pero que nunca se ha hecho efectivo, en contraste con lo que ha ocurrido con otras comunidades. En esa reunión, el Ejecutivo central planteará las diferencias que dice mantener con la Administración autonómica, diferencias que la Junta niega en virtud de un acuerdo técnico ya alcanzado hace un año.

El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posadas, convocará esta reunión técnica en los primeros días del próximo mes, según un portavoz de su departamento, quien indicó que esta ponencia, en la que participarán altos funcionarios de ambos Ejecutivos, es el primer paso para desbloquear la transferencia de las políticas activas de empleo (escuelas-taller, casas de oficio y fondos para la inserción laboral de determinados colectivos) a Andalucía. El Gobierno central mantiene que existen 'diferencias técnicas' con la Junta que deben resolverse antes de convocar la comisión mixta de transferencias entre ambas Administraciones, que cerraría formalmente el traspaso.

Sobre esas 'diferencias técnicas' poco se sabe. En una reunión celebrada hace un mes con los representantes sindicales y empresariales andaluces, el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, se refirió a distintos planteamientos en cuanto a si incluir en el traspaso políticas pasivas de empleo (los fondos del antiguo Plan de Empleo Rural) y sobre el año fiscal de referencia para valorar el traspaso. En ese encuentro, Aparicio fijó para el segundo semestre de 2002 la transferencia efectiva, que supondrían unos 240 millones de euros al año (140 más si se incluyen los fondos del antiguo PER).

El consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, ha negado en numerosas ocasiones en los últimos meses que esas diferencias técnicas existan. Así, asegura que desde marzo de 2001 hay un acuerdo técnico entre la Consejería y el Ministerio de Trabajo. Ese acuerdo salvaba el escollo de los fondos del antiguo PER al establecer una fórmula de cogestión entre ambas Administraciones. Consejería y Ministerio también acordaron entonces el número de funcionarios (1.627) y oficinas (90) del Inem que debían incluirse en el traspaso, así como la cuantía anual que debía transferirse a las arcas autonómicas para hacer frente a inversiones y gastos (48 millones de euros).

Según la versión de la Consejería de Empleo, lo único que quedó sin resolver en aquel acuerdo técnico alcanzado en marzo fue el año fiscal que se iba a emplear para valorar el traspaso, a la espera de que las comunidades firmaran el acuerdo de financiación autonómica. En verano, el pacto de financiación fijó 1999 como año base para los cálculos.

Tras conocer la propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, mostró sus recelos sobre la nueva reunión que plantea el Ejecutivo centra. 'Confío en que no sea otra táctica dilatoria', afirmó Zarrías en Jaén. El consejero aseguró que la Junta está dispuesta a mantener las reuniones que se programen, aunque desde su punto de vista no son necesarias.

'Si quieren una reunión, no hay inconveniente', subrayó. Pero insistió en que en el mes de marzo del año pasado quedaron cerradas las negociaciones sin que quedase ningún fleco pendiente desde el punto de vista financiero, jurídico o de traspaso del personal, informa Carmen del Arco.

Zarrías volvió a pedir que el traspaso se realice cuanto antes teniendo en cuenta que el empleo es una de las prioridades del Ejecutivo autonómico y mostró su oposición a cualquier pretensión del Gobierno de 'reabrir acuerdos que ya están cerrados'. El consejero de la Presidencia recalcó que es 'inconcebible' que Andalucía no tenga aún esas transferencias y añadió que cada día que pasa sin tenerlas los andaluces apuntan 'un debe' en la cuenta del Gobierno central.