Chamizo pide mayor control sobre el urbanismo en la Costa del Sol

El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, recibió ayer en Benalmádena 2.000 firmas de vecinos contra el proyecto de tren elevado monorraíl que impulsa el ayuntamiento. Los vecinos, apoyados por el grupo municipal de IU, presentarán ahora una queja formal al defensor del pueblo. Chamizo destacó la 'enorme cantidad de quejas relacionadas con el urbanismo en la Costa del Sol' y pidió más control.

El tren elevado monorraíl es una apuesta del alcalde de la localidad costera, el independiente Enrique Bolín, que el gobierno municipal defiende como atractivo turístico y como nuevo medio de transporte público. El problema es que se prevé que el tren atraviese calles céntricas de la ciudad y que discurra a la altura de la segunda planta de los edificios, a menos de cuatro metros de las ventanas y terrazas.

Actualmente la tramitación legal del proyecto está en suspenso, después de que la Comisión Provincial de Urbanismo rechazase su inclusión en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio por su envergadura. El tren elevado monorraíl, cuyo coste se estima en 36.060.000 euros (más de 6.000 millones de pesetas), uniría la parte alta del municipio, el núcleo de población del Arroyo de la Miel, con la línea de costa, pero los vecinos rechazan también que se pueda concebir como un servicio público de transporte, porque el coste estimado de un billete sería de 3,61 euros.

Chamizo visitó con una delegación de los vecinos y varios miembros de IU, entre ellos la portavoz municipal Elena Benítez y el diputado José Luis Centella, algunas de las calles por las que se prevé que pase el tren. 'Aún es pronto para que la institución se pronuncie sobre este tema concreto, pero me llama la atención el hecho de que la mayoría de las quejas que recibimos de la Costa del Sol se refieran a problemas urbanísticos o estén relacionadas con el tema', dijo, y añadió: 'Este hecho debería llevarnos a la reflexión de que si no se ejerce un mayor control sobre el urbanismo, acabará por perderse la mayor riqueza de esta zona, que es el turismo'.

En los próximos días, los vecinos elevarán una queja formal al Defensor del Pueblo. A partir de ahí, la institución recabará la información que sobre el proyecto puedan facilitarle tanto la Junta como el Ayuntamiento de Benalmádena para emitir un dictamen. En todo caso, el proyecto aún no ha sido elevado al pleno municipal para su aprobación inicial.