El Partido Popular propone una ley del Suelo que destine un 30% de terreno municipal a vivienda pública

El proyecto de Ley de Ordenación Urbanística, conocida también como Ley del Suelo, cubre, tras cuatro años de borradores, su última fase: el debate parlamentario. Pero antes, el pleno de la Cámara tendrá que analizar el proyecto alternativo que ha presentado el PP. En este texto, los populares plantean obligar a los Ayuntamientos a destinar al menos un 30% de su patrimonio de suelo a viviendas públicas o protegidas.

El portavoz regional del PP en temas de infraestructura, Jorge Ramos, recalcó que la falta de recursos de los Ayuntamientos lleva a los gobiernos locales a utilizar la venta de suelo como vía de financiación. Ramos explicó ayer que la ley que propugnan los populares obligaría a los Ayuntamientos a reservar 'al menos un 30%' de su patrimonio de suelo a promociones públicas (mediante cesión a la Junta) o viviendas protegidas.

El proyecto de ley de la Junta ya establece, tras recoger una recomendación del Consejo Económico y Social, que el suelo municipal debe destinarse 'preferentemente' a políticas públicas de vivienda, pero no fija ningún porcentaje mínimo. El proyecto de los populares, sin embargo, evita incluir un porcentaje para la cesión de suelo urbanizado que deben hacer los promotores privados a los municipios (la vía fundamental para constituir esos patrimonios municipales). La Junta se inclina por el máximo legal: un 10%. 'Eso habría que regularlo por decreto para rebajarlo cuando la financiación de los Ayuntamientos esté resuelta', arguyó Ramos, quien recordó que las Administraciones tienen previsto solventar esta cuestión con un Pacto Local en 2003.

El dirigente popular destinó gran parte de la conferencia de prensa a criticar 'el texto del PSOE'. Ramos se parapetó en las normativas directoras de ordenación que incluye la ley para tildarla de 'intervencionista'. Sin embargo, tras una petición de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Junta decidió rebajar su caracter vinculante para considerarlas 'recomendaciones' a los Ayuntamientos.

'La ley de la Junta va a encarecer el precio final de las viviendas', aseguró Ramos, quien indicó que 'la clasificación de los suelos se ha complicado y hará más difícil que haya oferta suficiente para los particulares'. Las otras grandes novedades del texto de la Junta (agentes privados para poner suelo cautivo en mercado, la posibilidad de reservar suelo para nutrir los patrimonios municipales y autonómicos, sanciones que obligan a la demolición de edificios), que cuentan con el respaldo del CES y la FAMP, no fueron rebatidas por el dirigente popular.