De espaldas a la calle

Mientras 300.000 personas reclamaban el sábado en las calles de Barcelona una Europa más participativa, a escasos centenares de metros los máximos líderes de la Unión acababan de pactar unas conclusiones de la cumbre que de nuevo ponían de relieve ese foso existente entre el ciudadano y las instituciones europeas. Incluso en capítulos tan sensibles como el empleo o las pensiones, el documento oficial con las conclusiones de la cumbre de Barcelona abusa de la habitual jerga comunitaria que tanto contribuye, en ocasiones también desde los periódicos, a que los europeos tengan cada vez menos idea de qué hacen o deciden sus gobernantes.

Un ejemplo sobre algo tan atractivo como la estrategia para crear más puestos de trabajo, y a la vez tan incomprensible para los no iniciados: 'La Estrategia de Empleo de Luxemburgo ha demostrado su utilidad. La revisión intermedia de la Estrategia en 2002 deberá consolidar sus logros e incorporar las metas y objetivos acordados en Lisboa. En este sentido, la Estrategia deberá: simplificarse, en particular mediante un número reducido de orientaciones, sin socavar su efectividad; ajustar el calendario al plazo de Lisboa de 2010, con una evaluación intermedia en 2006, para supervisar el logro de los objetivos intermedios de Estocolmo, según lo definido en Consejos Europeos posteriores'.

No es menos surrealista la fórmula empleada para decir que debe haber alguna relación entre sueldo y productividad: 'Para garantizar la competitividad de la UE y mejorar el empleo en diferentes ramas profesionales y zonas geográficas, será decisivo que las instituciones laborales y los sistemas de convenios colectivos nacionales, dentro del respeto de la autonomía de los interlocutores sociales, tengan en cuenta la relación existente entre las remuneraciones y las condiciones del mercado laboral, permitiendo así una evolución salarial según criterios de productividad y de los distintos conocimientos'.

A muchos lectores quizás les parezca que no es tan complicado desentrañar las claves de esos párrafos, pero para subir nota hay otras frases como ésta: el Consejo solicita a la Comisión Europea que 'prosiga su examen con vistas a consolidar y especificar los principios de los servicios económicos de interés general, subyacentes en el artículo 16 del Tratado, en una propuesta de directiva-marco, respetando al mismo tiempo las especificidades de los distintos sectores involucrados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86 del Tratado'.

Pese a estas joyas intracomunitarias, las conclusiones de Barcelona no han sido, ni de lejos, las más complejas de desentrañar. Al contrario. Muchos de los puntos recogen compromisos o fechas concretas de impacto ciudadano directo, como el objetivo de que haya un ordenador conectado a Internet por cada 15 alumnos, que los escolares estudien dos idiomas desde temprana edad o que se aumente la edad media de jubilación en la UE en cinco años (de 58 a 63). Pues bien, incluso así José María Aznar, presidente de turno de la Unión, prefirió vender ante las cámaras de todo el mundo, documento en mano, la nueva tarjeta de la Seguridad Social europea. Eso sí, no advirtió lo que las conclusiones precisan al respecto, esta vez extrañamente de forma muy clara: 'Esta tarjeta simplificará los procedimientos, pero no supondrá cambio alguno de los derechos y obligaciones existentes'.

La cumbre de Barcelona, de otro lado, ha marcado el punto de inflexión de la presidencia semestral española. Presentada en su día por Aznar como la cita clave de estos seis meses, sus resultados reflejan un cierto equilibrio entre lo que podían ceder los dos grandes países en campaña electoral (Francia y Alemania) y el elevado listón puesto por el Gobierno español y el Ejecutivo comunitario. La balanza se inclinó más por los primeros.

Ahora, la presidencia española se concentra en el hueso más difícil de roer del semestre: la negociación con los países candidatos de los capítulos más conflictivos (marco financiero, fondos regionales y ayudas a la agricultura). Nadie apuesta un duro por solventar esos capítulos antes de julio, el límite previsto, porque nuevamente habrá que esperar a que pasen las elecciones alemanas de septiembre para que Berlín rebaje su rechazo a poner un euro más por la Unión.