Aspectos olvidados de la cumbre

La primera reunión de la Unión Europea en 2001 se dedicó a la igualdad, asunto de relevancia especial para la presidencia sueca. Un año después, la presidencia española ha puesto un énfasis casi exclusivo en la flexibilización de mercados. Este objetivo presenta aspectos positivos. Pero al obviar otras cuestiones importantes el Gobierno español ha dado un sesgo conservador a su presidencia y ha proyectado sobre el Consejo Europeo de Barcelona una impresión que no se corresponde con la dimensión real -más amplia- de la construcción económica y social de Europa.

La llamada Estrategia de Lisboa, adoptada en 2000, tomó como objetivo transformar Europa en una economía moderna basada en el conocimiento. Esta estrategia se asienta en tres pilares: reforma económica, cohesión social y desarrollo sostenible. Estas son las tres políticas prioritarias, y el equilibrio e interacción entre ellas es la garantía para conseguir un crecimiento económico sostenible y el pleno empleo.

La presidencia española ha adoptado una visión reduccionista de la Estrategia de Lisboa al soslayar las dimensiones social y medioambiental, por lo que ha desequilibrado la agenda de la cumbre de Barcelona. Claro que esto es una cuestión de perspectiva, pues el Más Europa del programa de la presidencia española tiene un significado diferente a los Más Europa que proponen los gobiernos socialdemócratas del centro y el norte de Europa.

Para impulsar sus prioridades, el Gobierno español ha tejido un acuerdo explícito con el italiano y el británico. Esto no deja de comportar alguna paradoja, pues si algún lema identifica la política europea de Berlusconi es Menos Europa. Por su parte, Blair sigue la tradición británica de ocuparse sólo del pilar del crecimiento y la flexibilidad, viendo la cohesión social y la protección medioambiental como asuntos de estricta política nacional. En cuanto a liberalización, procede señalar la gran credibilidad del Gobierno británico; su país está entre los que han introducido más competencia efectiva en sectores económicos antes monopolísticos.

La credibilidad del Gobierno español en la materia es mucho más limitada. Tomemos como ejemplo un asunto estelar de su presidencia: la liberalización del sector eléctrico y la interconexión de redes. En octubre de 2001 la Comisión Europea publicó Liberalización eléctrica. Indicadores en Europa, informe que analiza la situación de cada país en asuntos como la competencia en la generación de electricidad y la competencia en la oferta a los consumidores. Los resultados comparados sitúan a España en una discreta posición intermedia, tras países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido y Alemania. Por cierto, todos ellos con gobierno socialdemócrata en ese momento. Alguna razón asistía a Rato cuando sostenía el 27 de febrero ante el Parlamento Europeo que 'tal como demuestra la experiencia, en los países que más han avanzado en sus calendarios de liberalización estas medidas deben ser compatibles con una mayor calidad del servicio y con una seguridad en el abastecimiento, como corresponde a la calificación del servicio público que tiene la electricidad en todos los países'. El problema es que España no está entre los campeones reales de la competencia, y además el 5 de marzo el presidente de la Comisión Nacional de la Energía informó de que el servicio eléctrico había empeorado en 2001. Eso con datos hasta septiembre, sin incluir aún los recientes y recordados problemas de diciembre. Progresar en la interconexión eléctrica es un objetivo loable, pero ¿puede pretender el Gobierno español un liderazgo creíble en la política energética?

Por otra parte, la presidencia española no dice impulsar -ni lo pretende- la cohesión social ni la preservación medioambiental. Su visión sobre cohesión social se centra exclusivamente en la creación de empleo. Sin duda, la creación de empleo es la mejor política social, pero los objetivos de cohesión son bastante más amplios. Por ejemplo, el fomento de la igualdad de oportunidades en la educación, o ante el mercado de trabajo, con medidas que permitan conciliar trabajo y familia, son buenas políticas de cohesión social, enfatizadas por los gobiernos socialdemócratas de la UE y obviadas por el español. Y qué decir sobre desarrollo sostenible, cuando el Gobierno está impulsando el trasvase del Ebro, el proyecto menos sostenible y más agresivo con el medio ambiente en la UE.

Sobre la cumbre de Barcelona ha planeado la visión reduccionista y conservadora de la presidencia española. No es extraño que los gobiernos socialdemócratas hayan planteado la necesidad de mayor equilibrio entre todas las dimensiones de la construcción europea, también la social y la medioambiental. De ahí la paradoja del presidente de turno, José María Aznar, al acusar a los gobiernos socialdemócratas de obstaculizar las reformas económicas, aunque la gran mayoría de éstos presentan un expediente mucho más brillante que España en la introducción de competencia y la limitación del poder de los monopolios en sus países.

Bienvenidos sean los avances de Barcelona en materia de reformas económicas. Pero los logros prácticos en cohesión social y desarrollo sostenible tendrán que esperar otras presidencias con otras sensibilidades políticas, más favorables al avance equilibrado de crecimiento económico, cohesión social y medio ambiente.