Las diputaciones reabren su pugna con Interior por el control de Tráfico

El conflicto de mayores dimensiones que enfrenta en los últimos meses al Gobierno vasco con las tres diputaciones, lejos de solucionarse, se enquista día a día. Las tres instituciones forales han decidido, de mutuo acuerdo, poner todos los medios a su alcance para impedir que Interior despliegue un centro de control del tráfico único para todo el País Vasco. Entienden que el Gobierno invade sus competencias. Su última acción ha sido pedir que se anule la resolución de la Comisión Arbitral que rechazó el recurso de las diputaciones contra el centro de tráfico único.

La solicitud la han presentado ya las diputaciones de Guipúzcoa (el 26 de febrero) y de Álava (el pasado martes), a través de sus consejos de diputados. Alegan que la Comisión Arbitral no siguió los preceptos legales al decidir sobre el recurso que presentaron el pasado mes de agosto las tres diputaciones, por separado.

El conflicto se inició en mayo, cuando el Gobierno vasco emitió un decreto por el cual daba luz verde a un centro de control y gestión del tráfico único para todo el País Vasco. La sede debería instalarse en Bilbao y pretende unificar los datos para, con ellos, tener un mejor control del estado del tráfico en cada momento e informar a los conductores mediante paneles que deberían colocarse en las principales carreteras.

Las diputaciones, sin embargo, entienden que el decreto invade sus competencias en materia de carreteras. De hecho, Vizcaya y Álava ya han estrenado sus propios centros de control de tráfico. Además, se quejan de que el Departamento de Interior actuó sin previo aviso y no les consultó. En agosto, en periodo de vacaciones, terminó el plazo para presentar recursos contra el decreto. Álava presentó uno en la fecha correcta, pero lo hizo con un escrito del diputado general, sin pasar por el obligado consejo de diputados. Vizcaya y Guipúzcoa sí realizaron este trámite, pero entregaron el recurso el día siguiente a agotarse el plazo.

La Comisión Arbitral, un organismo que trata de mediar en los conflictos entre administraciones y que está compuesto por representantes de las diputaciones y del Gobierno vasco, revisó los tres recursos y emitió una resolución el 11 de diciembre. No admitió ninguna de las alegaciones forales a causa de los distintos defectos de forma que presentaban. Sin embargo, no entraba en el fondo de los argumentos.

Las diputaciones han insistido. Primero, han denegado a Interior la colocación de los paneles informativos y sensores en las carreteras. Y frente a esta decisión, el Gobierno vasco ha interpuesto al menos cuatro denuncias en los tribunales, ante el contencioso-administrativo.

No se citó a una vocal

El conflicto ha llegado ahora a su último punto. Álava y Guipúzcoa han pedido la anulación del acuerdo del 11 de diciembre de la Comisión Arbitral porque aseguran que contravino el artículo 22 de la ley reguladora del funcionamiento del propio órgano de mediación de conflictos. Los gobiernos forales afirman que la Comisión no citó a aquella reunión a la vocal que representa a la Diputación de Guipúzcoa, quien, por lo tanto, no acudió. La ley 'establece que para la adopción de acuerdos será necesaria la asistencia de todos los componentes del órgano del que se trate', según interpretan las diputaciones.

Este defecto de forma es suficiente, según los servicios jurídicos de Álava y Guipúzcoa, para solicitar la nulidad de aquella reunión que dio lugar a la decisión contraria a los recursos de las tres diputaciones. 'Se ha prescindido de las reglas esenciales para la formación de la voluntad del pleno de la Comisión Arbitral', argumentan las diputaciones en su petición.

La propia Comisión Arbitral deberá tomar una decisión sobre la solicitud próximamente. Las diputaciones, con esta medida, pretenden que vuelva a reunirse el organismo mediador y se pronuncie de nuevo sobre sus recursos contra el centro de gestión de tráfico de Interior. Quieren que la Comisión debata sobre el fondo de la polémica: a qué institución corresponde la competencia para instalar un centro de control de esas características. Si no se aclara en la Comisión Arbitral, el conflicto seguirá de momento en los tribunales.

Mientras se resuelve esta cuestión, tanto el Gobierno como las diputaciones no pueden desarrollar sus distintos centros de tráfico ni aumentar las inversiones en ellos.