Movilidad geográfica

España es uno de los países donde los trabajadores se muestran más reacios a abandonar su lugar de nacimiento por motivos de trabajo. Una reciente encuesta constata que sólo una cuarta parte de la población empleada ha cambiado de ubicación para trabajar.

Pero la actual sociedad de mercado requiere unas relaciones laborales flexibles que permitan a la empresa adaptarse rápidamente a las nuevas exigencias que los cambios económicos puedan exigir. Ello supone dotar al empresario de la capacidad de poder mover geográficamente a la plantilla cuando las necesidades productivas así lo exijan. Las últimas reformas laborales han ido por esta vía.

Igualmente, el trabajador español desempleado debe estar dispuesto a trasladarse allí donde se demande empleo, especialmente en un mercado de trabajo como el nuestro, donde aún imperan altas tasas de paro. Se ha acusado en este sentido al desempleado español de ser excesivamente 'cómodo' y preferir la subsistencia a costa del erario o familiar antes que el obligado traslado. Es cierto que todo cambio de residencia supone un incremento en los gastos, especialmente debido a los altos precios de la vivienda y la escasez de oferta de alquiler. Junto a esto hay que mencionar también el problema que supone la falta de información sobre las ofertas de empleo habidas en otras comunidades.

Así, el Gobierno se está planteando incentivar la movilidad geográfica en la próxima reforma laboral. No parece convencerle que algunas comunidades como Andalucía puedan tener una tasa de desempleo del 20% mientras otras como Cataluña apenas alcancen el 7%. Para subsanar estas diferencias se pretende convertir al Inem en un auténtico intermediario, de forma que las ofertas de empleo que existan en una comunidad puedan ser conocidas en el resto. También se aprobaría una serie de medidas para compensar los gastos que supongan el cambio de residencia. Una de dichas medidas podría ser la rebaja de impuestos para aquellos parados que aceptasen un empleo en otra área geográfica.