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Portugal teme la ampliación

El nuevo Gobierno tendrá que tomar medidas impopulares y rápidas para superar su estancamiento económico

La crisis económica de Portugal no admite aplazamientos. La ampliación europea y la reducción de fondos comunitarios a partir de 2006 obligan a sus autoridades a resolver de forma urgente el atraso estructural del país e implantar las reformas necesarias. El aumento del gasto público, la crisis financiera y la falta de productividad requieren medidas impopulares para sacar al país del atolladero.

El aumento del déficit público hasta el 2,2% estuvo a punto de provocar la 'alerta rápida' de la Comisión Europea
El Gobierno ha perdido la oportunidad de reducir el gasto y reformar la Administración y las leyes laborales en los años de bonanza

El gobernador del Banco de Portugal, Vítor Constancio, reconocía recientemente que la economía lusitana se enfrenta a tres graves problemas: 'Una difícil situación presupuestaria, una desaceleración del crecimiento económico y un déficit estructural de competitividad'. Ante esa situación, Constancio recomienda nuevas estrategias empresariales para 'vencer los desafíos que impondrá la ampliación europea'.

A esas dificultades básicas, el gobernador del banco central añadía otro cúmulo de vulnerabilidades: 'La existencia de un sistema de negociación salarial fragmentado y de corto horizonte, el peso de una burocracia asfixiante y un sistema judicial ineficaz; un régimen deficiente del encuadramiento presupuestario e insuficiencias en el sistema político con la dificultad de obtener mayorías de gobierno y con la necesidad de un Estado con más prestigio y autoridad'. A su juicio, son necesarias profundas reformas en la esfera pública y privada para vencer los retos de los próximos años, dado que 'no volveremos a beneficiarnos de reducciones sustanciales de los tipos de interés, no serán posibles depreciaciones monetarias para reponer temporalmente la competitividad de los productos nacionales y las transferencias de la Unión Europea tenderán a disminuir en porcentajes del PIB'.

Un deterioro evidente

La situación no admite dudas y los datos son elocuentes. Las previsiones de crecimiento fueron reducidas progresivamente a lo largo de 2001, hasta situarse en el entorno del 2% para el pasado año, frente a algo más del 4% en el ejercicio anterior. La deuda pública asciende al 55,9%, la inflación ha pasado del 2,7% previsto para el año 2001 al 4,4% final y el endeudamiento alcanza el 93% del rendimiento disponible, según los datos del Banco de Portugal.

El aumento del déficit público hasta el 2,2% estuvo a punto de provocar la 'alerta rápida' de la Comisión Europea, y el ministro de Finanzas, Guilherme D'Oliveira Martins, reconoció recientemente que será 'muy difícil' mantener el Pacto de Estabilidad europeo que reclama el déficit cero para el ejercicio 2004.

El Gobierno socialista en funciones aprobó el pasado verano un drástico plan para reducir el gasto público en los próximos tres años, pero su iniciativa se encuentra ahora a la espera de la formación de un nuevo Gobierno. El plan preveía una reforma completa de la gestión en la sanidad pública, la reestructuración de las empresas estatales, la extinción de varios servicios e institutos públicos, limitar los subsidios, congelar la compra de edificios y material de transporte e iniciar un exhaustivo control del gasto en todos los ministerios.

¿Qué ocurrirá? Las elecciones generales de hoy, adelantadas por la dimisión de António Guterres tras el fracaso socialista en las municipales de diciembre, no anticipan un periodo de estabilidad. La mayoría de las encuestas no prevén una mayoría absoluta a las dos grandes fuerzas políticas (socialistas y conservadores), lo que abre el camino a la incertidumbre económica en un momento decisivo para el país.

El conservador Aníbal Cavaco Silva, ex primer ministro de Portugal, asegura a este periódico que la situación no admite nuevos fallos de Gobierno ni aplazamientos: 'Es necesario un Gobierno con mucho coraje para tomar medidas impopulares en los primeros seis meses de legislatura y luego disponer de dos o tres años para recuperarse. Tiene que tomar esas medidas sin pensar en las reacciones de la opinión pública a corto plazo sino en sus efectos futuros. No hay posibilidad de aumentar los salarios si la productividad no crece en Portugal. El resto es fantasía. Llegó el momento de la verdad. No hay dinero para ilusiones. Ahora hay que resolver los problemas'.

Economista de prestigio y gestor riguroso, Cavaco Silva ofrece un análisis claro: 'La economía portuguesa adolece de grandes desequilibrios. El primero es el descontrol del gasto público, el mayor de la UE. El desequilibrio externo es muy grande, lo que ha provocado un gran endeudamiento externo y hemos perdido competitividad, además de tener serias dificultades para atraer la inversión extranjera. Todo ello ha provocado una falta de confianza en el país. Por tanto, no hay más margen de maniobra. El próximo Gobierno no puede fallar, tiene que tener éxito. En caso contrario y ante la ampliación europea y la progresiva reducción de fondos comunitarios, la situación podría llevarnos a un estancamiento prolongado y, entonces, habrá razones muy serias para preocuparse'.

Uno de los grandes problemas de Portugal es la productividad. En este sentido, el presidente de la Asociación Portuguesa de Bancos (APB), João Salgueiro, explica que el país 'tendría un producto interior bruto (PIB) un 50% superior al actual si la productividad alcanzase la media española'. A su juicio, 'el bajísimo nivel de productividad' es la causa de la crisis económica, lo que, unido a la falta de eficacia de los servicios públicos, provoca grandes dificultades para la inversión extran-jera.

El ex ministro socialista de Economía Daniel Bessa afirma que las finanzas públicas sufren 'un problema grave' que sólo es posible solucionar con 'un frenazo en las cuatro ruedas', puesto que constituye 'la madre de todos los vicios'. A su juicio, 'Portugal perdió una gran oportunidad para reducir el aumento del gasto y reformar la Administración pública y las leyes laborales en los últimos cinco o seis años con una economía en alza y cuando todo eso hubiera sido mucho más fácil que ahora'.

Por su parte, el candidato del centro-derecha al cargo de primer ministro, José Manuel Durao Barroso, afirma que la economía portuguesa necesita 'un cambio de rumbo', aunque sus promesas electorales no acaban de convencer a la mayoría de los especialistas. De entrada ha propuesto una reducción de impuestos para las personas con mayores rendimientos y las empresas sin aclarar de dónde saldrán los ingresos compensatorios.

Pedro Solbes y Vitor Constancio, gobernador del Banco de Portugal, en una reunión del BCE, en Madrid.
Pedro Solbes y Vitor Constancio, gobernador del Banco de Portugal, en una reunión del BCE, en Madrid.EFE

Una reforma fiscal urgente

El coordinador de la reforma fiscal que fue semiparalizada en el año 2000, el abogado Ricardo Sá Fernandes, afirma que Portugal necesita una mejora urgente del sistema tributario y reclama medidas eficaces contra 'el fraude y la evasión fiscal, el gran problema del país'. El ex secretario de Estado para los Asuntos Fiscales reconoce que el Gobierno socialista cedió ante las presiones de algunos grupos de intereses económicos que paralizaron la tributación de patrimonios ('son un caos y una injusticia') y la reforma del impuesto de vehículos. A su juicio, es necesario levantar el sigilo bancario para los asuntos fiscales, autorizar la tributación de los beneficios en Bolsa e impulsar un régimen más severo para los dafraudadores. Diversos especialistas portugueses reconocen que un cuarto de la economía está sumergida, un número significativo de empresas nunca han pagado a Hacienda, sólo cinco compañías (aun participadas por el Estado) pagaron un tercio del total de las sociedades, y los bancos no superaron el 10% de la tributación total. Sólo el año pasado se estima que fueron defraudados, al menos, 7.000 millones de euros, una cifra que bastaría para sanear los grandes problemas financieros del país. Sá Fernandes reconoce que, para resolver estos problemas, son necesarios 'medios, eficacia, disciplina y, sobre todo, educación y sentido de la ciudadanía', unas cualidades que no suelen ser frecuentes. El abogado, que ahora apoya al Bloque de Izquierdas, reconoce que la 'marcha atrás del Gobierno en materias fiscales fue gravísima, porque vino a reconocer que el Ejecutivo presidido por António Guterres cedió ante la presión de algunos lobbies; y ésa fue una señal muy negativa para la economía y, en general, para todo el país'. El ex secretario de Estado afirma que 'la incompetencia de la Administración fiscal es evidente, la contribución autárquica (municipal) es simplemente anárquica y la ausencia de tributación de patrimonios es incomprensible'. A su juicio, toda esta situación viene a demostrar 'la debilidad de un Estado que permite el funcionamiento sin control de algunos grupos de intereses'.

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