Lo público, lo privado y el 'caso Cartagena'

Luis Fernando Cartagena fue condenado a cuatro años de prisión el pasado jueves por dos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil denunciados en 1998 a partir de unos hechos que se remontan a 1993, cuando ejercía como alcalde de Orihuela. Pero los tribunales habían constituido una amenaza para su carrera política desde tiempo atrás. El consejero de Obras Públicas del primer Consell de Eduardo Zaplana hasta el 15 de marzo de 1998 arrastraba una imputación por supuesto delito fiscal desde hacía seis años.

En marzo de 1995, semanas antes de la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas, Cartagena afirmaba en relación con su supuesto delito fiscal: 'Soy el político más investigado de este país'. Y se mostraba desafiante: 'Quienes manejen este tema en términos insidiosos responderán por ello'.

Los vecinos de Orihuela le convirtieron en el alcalde más votado de España a finales de mayo de 1995, pero las diligencias judiciales seguían vivas. Cuando la juez Teresa Palacios asumió el sumario que había instruido Miguel Moreiras hasta que abandonó la carrera judicial se produjeron varios movimientos. La posibilidad de trasladar la pieza del sumario relativa a Cartagena al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), única instancia autorizada para tomarle declaración como imputado debido a su condición de miembro del Consell, cobró cuerpo.

'Nunca, nadie'

La oposición pidió explicaciones sobre el caso a Zaplana, pero Cartagena se ofreció para comparecer ante las Cortes y evitar el trago al presidente de la Generalitat. 'Estamos ante una cuestión donde lo público y lo privado se entrecruzan', admitió Cartagena el 9 de abril de 1997 dada su condición de consejero. Pero su línea argumental fue la contraria: 'Estamos en un asunto que tiene un estricto carácter privado. Lo tiene porque durante seis años de diligencias nunca nadie y en ningún caso ha relacionado esta cuestión con mi vida pública ni con mis cargos sucesivos de alcalde, diputado provincial, diputado nacional, autonómico o consejero. Todo este asunto es ajeno al gobierno de la Generalitat, al PP, al alcalde de Orihuela o al diputado nacional'.

El TSJCV se declaró competente para investigar a Cartagena en diciembre de 1997. Pero, una vez desvinculado el caso de su ejercicio público, sus colegas y el presidente de la Generalitat, en primer lugar, sostenían el discurso. 'Creo firmemente en la inocencia de Cartagena', declaró Zaplana días después.

Apenas un mes después, en enero de 1998, Zaplana reiteraba: 'Yo le creo a pies juntillas'. El presidente sólo sugirió entonces que si Cartagena llegaba a ser acusado, tendría que dimitir. Y lanzaba un mensaje tranquilizador: 'Es una situación incómoda, pero no debemos precipitarnos, el juicio va a ser rápido'.

Cartagena dimitió el 14 de marzo de 1998 para evitar que la investigación de un asunto privado salpicara al Consell o al PP de la Comunidad Valenciana. La pieza relativa a su persona volvió a la Audiencia Nacional para perderse en el voluminoso sumario de las cesiones de crédito que ha sido recientemente trasladado a la sala cuarta, donde ha vuelto a adormecerse aunque sigue pendiente de resolución.

Todos los argumentos esgrimidos entonces por el PP para eludir responsabilidades políticas en el que se denominó caso Cartagena se han vuelto en contra a raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante. La malversación de caudales públicos requiere que su autor sea funcionario. El condenado, alcalde de Orihuela cuando se produjeron los hechos, era, evidentemente, cargo público y su defensa nunca debatió esa cuestión.

Su defensa sí intentó abrir brecha en la calificación de los fondos que una religiosa entregó al concejal de Servicios Sociales en concepto de superávit en el balance de gestión del hospital municipal San Juan de Dios, con la intención de reducir el asunto a la esfera particular.

Donación

Los magistrados consideraron que la mera entrega de los ocho millones de pesetas al concejal de servicios sociales es suficiente para 'obtener la cualidad de públicos de los caudales (...) Consecuentemente, perfeccionada la donación (...) desde ese momento se constituye en fondo de esa naturaleza, sin que sea necesario, tal y como propugna la defensa, la apertura del correspondiente expediente para su ingreso formal en las arcas del municipio'.

Pero más allá de la malversación de caudales públicos, la sentencia apunta otro detalle. Los magistrados se extienden en la relación de amistad entre Cartagena y el empresario Ángel Fenoll, y afirman que tales circunstancias 'explican que el contratista se prestase a colaborar en la ocultación de la malversación llevada a cabo por el senor Cartagena cuando, probablemente por disensiones políticas, surgió a la luz pública en el año 1998', semanas antes de que Cartagena renunciara al cargo. Por lo tanto, era consejero en ejercicio cuando falseó las facturas, según la sentencia de la Audiencia de Alicante.

El asunto por el que ha sido condenado salpica, por lo tanto, al alcalde del PP, y, de acuerdo con la sentencia, al miembro del primer Consell de Zaplana.