El sindicalismo europeo ante la cumbre de Barcelona

Europa vive un momento apasionante y complejo: 12 países de la Unión Europea han implantado con éxito una moneda común, el euro; la Unión va a acometer un imprescindible proceso de reforma de sus tratados de futuro incierto -una de las obligaciones políticas de la Convención inaugurada el pasado 28 de febrero sería facilitar que la ciudadanía europea se implicara en el proceso-, y las negociaciones para la ampliación de la UE a 10 o 12 nuevos países entran en su fase decisiva. Esto ocurre en un momento económico marcado por la rápida caída de la tasa de crecimiento: las previsiones para 2002 establecen un 1,3% de media para la Europa de los Quince, lo que implicaría un aumento -el primero desde 1996- de la tasa de desempleo.

La CES quiere más Europa con pleno empleo y derechos sociales

Esto nos lleva a una primera reflexión sobre el Consejo Europeo de Barcelona: es necesaria la coordinación de las políticas económicas nacionales para impulsar conjuntamente una reactivación de la economía europea. Sólo con la política monetaria, y menos aún desde la actitud timorata del Banco Central Europeo, no se incide suficientemente en el ciclo económico. Estados Unidos ha optado por la intervención de los poderes públicos para la reactivación de la economía y, dejando al margen el tipo de gasto más que discutible, parece que ha empezado a dar sus frutos. El objetivo de la estrategia de Lisboa, el pleno empleo en 2010 -con una tasa de empleo general del 70%, y del 60% de las mujeres-, y los intermedios para 2005 que aprobó el Consejo de Estocolmo (2001) no son alcanzables sin asegurar un crecimiento medio acumulativo del 3% en la década. Y éste no es posible sin una política económica europea que lo impulse. Si para el sindicalismo europeo el reforzamiento de la estrategia europea de empleo, basada en políticas activas de empleo y en la promoción de la calidad del empleo, es una de las orientaciones a incluir en las conclusiones de la cumbre de Barcelona, su aplicación requiere la articulación con las políticas económica y monetaria.

En torno al sugestivo objetivo general que presidía las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa -'convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social'- se están manifestando dos maneras de entender Europa y sus políticas. Una piensa que la segunda parte del lema es secundaria o que, en todo caso, no debe ser objeto de políticas europeas fuertes, promovidas por la Comisión o que vinculen a los Estados miembros. Sus valedores políticos acuden a Barcelona hablando sólo de liberalización -entendida como privatización y desregulación- de los sectores energéticos, financiero y del transporte, y con formulaciones todavía imprecisas sobre reformas que 'flexibilicen' los mercados de trabajo y los sistemas de protección social.

Para la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la integración y liberalización de los mercados debe ir acompañada de la promulgación de una directiva marco sobre los servicios públicos y económicos de interés general que asegure la primacía de los intereses públicos. También considera que no se puede seguir aceptando el comportamiento sin reglas de las empresas transnacionales a la hora de decidir el cierre de empresas y centros de trabajo -Cataluña vive en estos momentos el caso de la multinacional Lear- y que, por lo tanto, hay que establecer un marco europeo, normativo y contractual, que regule los procesos de reestructuración empresarial. En todo caso, el Consejo Europeo, tras evaluar las políticas de empleo, cohesión social, desarrollo sostenible y otras, en relación con los objetivos de la estrategia de Lisboa, tendría que establecer las orientaciones adecuadas para la aplicación de todas ellas y el desarrollo de la Agenda Social aprobada en la cumbre de Niza.

A las puertas de la ampliación y de la reforma de los tratados, las conclusiones de la cumbre de Barcelona deben apostar por la consolidación del modelo social europeo, basado en sistemas de protección social y servicios públicos suficientes y de calidad, y en el reforzamiento del papel de los interlocutores sociales, a través del diálogo social y la concertación, en la regulación de las relaciones laborales. Los jefes de Estado y de Gobierno europeos tienen que verlo como un factor de cohesión social y consenso ciudadano necesario para acometer la ampliación y avanzar en la unidad política de una Europa más amplia. También como un factor de competitividad económica, sobre todo si se une a un esfuerzo más intenso en educación, formación profesional e I+D. Y sacar las consecuencias pertinentes de cara a las políticas fiscales -¿para cuándo la armonización fiscal europea?- y presupuestarias, nacionales y de la Unión.

El mundo vive un momento difícil tras los terribles atentados del 11 de septiembre. La necesaria colaboración internacional en la lucha contra el terrorismo -para nosotros siempre concebida en el respeto a las normas del derecho internacional- parecía, en un principio, extenderse a otros campos como la lucha contra el lavado de dinero negro y los paraísos fiscales o la resolución de conflictos regionales. La realidad es hoy muy distinta en casi todos los terrenos. Contemplamos con angustia la situación prebélica en Palestina, con un Gobierno norteamericano voluntariamente ausente y una UE impotente para encontrar una solución pacífica que tenga en cuenta los legítimos derechos del pueblo palestino. La actuación unilateral, en los conflictos políticos y militares y en las relaciones comerciales, de la única potencia militar mundial realmente existente no es aceptable. Es un factor de riesgo para la estabilidad y la paz en el mundo. Éstas se reforzarían si la UE tuviera una auténtica política exterior y de seguridad común que le permitiera, entre otras cosas, encabezar otro tipo de coalición internacional ineludible en el mundo de hoy, la que pretendiera acabar con el hambre, la pobreza y las situaciones de extrema desigualdad.

La CES, que con sus más de 60 millones de afiliados es la organización social europea más representativa, participará activamente en los trabajos de la Convención que va a definir el futuro de Europa apostando por reforzar su unidad política sobre la base de que su Gobierno sea más democrático, trasparente y participativo, y de que se preserve y mejore el modelo social europeo.

El lema de la presidencia española de la UE, 'Más Europa', nos es conocido y querido, pero no puede quedarse en meras palabras. La CES quiere más Europa con pleno empleo y derechos sociales, con democracia en las empresas, con igualdad entre hombres y mujeres, y quiere que Europa sea determinante para gobernar democráticamente los procesos de globalización y construir así un mundo justo, solidario y pacífico. Bajo estos lemas, decenas de miles de trabajadores europeos participarán en la euromanifestación que recorrerá hoy las calles de Barcelona. Los gobernantes europeos deben escuchar su voz y tener en cuenta lo que piden cuando tomen sus decisiones.

Emilio Gabaglio es secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Cándido Méndez es secretario general de UGT. José María Fidalgo es secretario general de CC OO.