Una fundación acusada de malos tratos gestiona tres centros de menores

La Consejería de Bienestar Social cederá a la fundación Diagrama la gestión de un nuevo centro de reforma para menores de 14 a 18 años con problemas mentales que se situará en el complejo de menores de Godella, en Valencia. Esta entidad privada sin ánimo de lucro se ha visto envuelta de polémica en algunos de los centros que regenta en Madrid o Andalucía, donde se emprendieron investigaciones judiciales que siguen abiertas por presuntos malos tratos a los internos. Diagrama ya tiene centros a su cargo en las provincias de Castellón y Alicante.

El departamento que dirige Rafael Blasco ha encargado a la fundación Diagrama, una entidad privada sin ánimo de lucro de ámbito estatal especializada en la gestión de centros de menores, el control de una nueva instalación en Godella, de 14 plazas, destinada a la atención de jóvenes de 14 a 18 años con sentencias judiciales y problemas mentales que se pondrá en marcha en breve. Este módulo se añadirá, según la consejería, a los otros dos que funcionan en el complejo de Godella, que seguirán en su actual emplazamiento, el de recepción, encargado de asumir la llegada de menores ya sea por estar acusados de cometer un delito o por abandono, y el de reforma que alberga a los menores condenados por haber infringido la ley antes de los 16 años.

Diagrama es una entidad surgida en Murcia que está presente en la Comunidad Valenciana en centros de Castellón -Pi Gros- y Alicante -Villena-, en los que 'no se han detectado problemas', según Bienestar Social. Una situación distinta a lo sucedido en Madrid y Andalucía. En Madrid, la Administración autonómica cerró en marzo del año pasado tres centros de menores de la fundación por entender que los métodos educativos empleados para la corrección de la conducta de los menores no eran los adecuados. Los centros clausurados son los de Guadarrama y Río Chico, con 27 plazas para niños y 9 para niñas, respectivamente, ambos situados en la primera localidad, y el de Cimbra, en Carabanchel, con nueve plazas para niñas. El cierre cautelar se produjo, según informaron ayer desde los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, a instancias de la Fiscalía de Menores que tras recibir una denuncia de un chaval ingresado comprobó, 'irregularidades gravísimas' en la residencia. El menor señaló que en el recinto había cuatro 'salas de observación' cerradas con llave en las que alguna vez estuvo encerrado desnudo o recluido hasta cuatro días. Y apuntó que si los internos se comportaban de forma incorrecta había ocasiones en las que se les esposaban las manos y se inmovilizaban los pies con cinta aislante. Esta situación desembocó en una querella contra a Administración y la fundación, que fue admitida a trámite y sigue en los tribunales.

A estos problemas se suman los que se han producido en otros dos centros de Andalucía. En Granada, la Fiscalía mantiene una investigación abierta de oficio sobre un presunto trato vejatorio a internas femeninas en la residencia San Miguel que albergaba a muchachas condenadas por delitos muy graves, quienes declararon en enero al ministerio fiscal haber sido atadas de pies y manos y recibir un trato degradante. Meses después, la Fiscalía de Granada consideró 'verosímiles' las quejas de trato degradante denunciadas por las internas y envió las actuaciones realizadas al juzgado. Poco después, la Consejería de Asuntos Sociales cerró el centro y lo transformó en un espacio de régimen semiabierto masculino, una medida que, según el gobierno andaluz, estaba prevista antes de que se anunciaran las posibles irregularidades cometidas.

Muchas fugas

Los problemas en el centro jienense de Las Lagunillas no han llegado a los juzgados. Pero en el año que lleva funcionando, los sindicatos denunciaron la semana pasada la existencia de hasta 25 fugas.

Desde Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía se subrayó ayer la situación complicada en la que se encuentran los cuidadores por la peligrosidad de algunos de los internos -en Granada estaba una de las adolescentes de San Fernando (Cádiz) condenada por matar a una compañera de instituto- y se excusaron los hechos sucedidos en esta Comunidad y en Madrid en el hecho de que la ley de responsabilidad del menor carece aún de reglamento, por lo que no da soluciones a posibles problemas de disciplina que puedan surgir. Esa ley subraya el carácter educativo de los centros y prohíbe la posibilidad de portar armas o emplear medios coercitivos para controlar a los internos por lo que 'si hay problemas no se sabe como atajarlos'. De esta forma, la razón de que Diagrama acumule estos problemas no radica en sus métodos, se señala desde los Servicios Sociales andaluces, sino en su posición casi hegemónica en la gestión de estos centros.