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Garzón busca que Batasuna pague 18 millones de euros por los daños de la violencia callejera

El magistrado considera que la formación política dio cobertura y apoyo logístico a Segi

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón busca que Batasuna se haga cargo del importe de los daños de la kale borroka o lucha callejera que la organización juvenil Segi ha originado desde su constitución en 2001 y que ascienden a 18,22 millones de euros (3.032 millones de pesetas). El magistrado ha detectado que Batasuna ha proporcionado 'cobertura y apoyo logístico a Segi (...) prestando sus sedes y otros medios a los responsables'. Garzón ha pedido un informe a la Unidad Central de Inteligencia (UCI) para decidir si declara a Batasuna responsable civil subsidiaria.

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El juez ha incorporado la posible responsabilidad de Batasuna en un auto por el que decreta el ingreso en prisión de 11 de los 12 dirigentes de Segi detenidos la semana pasada por 46 delitos de terrorismo, además de pertenencia a banda armada. Segi es la organización juvenil que ha sustituido a Jarrai y luego a Haika, y que, según el magistrado, forma parte de las estructuras de ETA y está subordinada a la dirección de la banda terrorista.

Garzón considera a los imputados inductores de 46 delitos de terrorismo en sus modalidades de estragos, incendios, atentados y amenazas contra las personas, depósito de armas y tenencia de explosivos, que han sido cometidos en el País Vasco y Navarra desde la constitución de Segi, el 16 de junio de 2001.

'Sin duda', especifica el auto, 'puede y debe considerarse, como una inducción directa y suficiente con alcance penal la convocatoria por parte de los responsables de Segi de los actos que después, ejecutados por militantes de la misma que responden en su actuación a los criterios de subordinación y jerarquía de la organización terrorista ETA-Ekin-Segi en la que se integran, producen cuantiosos daños'.

El auto señala que Segi, como antes Jarrai-Haika, siguen las directrices de ETA-Ekin. La estructura juvenil 'desarrolla (...) jornadas de lucha, manifestaciones, huelgas, etc., de las que se derivan ingentes daños a propiedades públicas y privadas, y dirigen las campañas de coacción y amenazas, contra ciudadanos, instituciones, partidos políticos, funcionarios del Estado y empresas de trabajo temporal'.

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Burlar la ilegalización

El juez cita un rosario de documentos para demostrar la continuidad de Segi respecto a la labor de Jarrai y Haika y recuerda que Jon Markel Ormazabal, uno de los imputados que se encuentra en paradero desconocido y contra el que se ha dictado orden internacional de busca y captura, señaló que la finalidad de la creación de Segi es 'burlar la ilegalización' de Jarrai-Haika.

El magistrado cuantifica en 7.212.145 euros (1.200 millones de pesetas) los daños ocasionados como consecuencia de la jornada de lucha convocada por Segi tras la muerte de la militante de ETA Olaia Castresana; en 9.015.491 euros (1.500 millones de pesetas), los daños originados por las movilizaciones de protesta convocadas por Segi tras la detención de los máximos responsables de Gestoras Pro Amnistía el 31 de octubre de 2001, y en dos millones de euros, los daños por acciones de lucha callejera consecuencia de la declaración de la ilicitud de las actividades de la propia Segi. Los desperfectos suman un total de 18.227.636, 70 euros.

Garzón destaca en el auto que en el registro de una herriko taberna de Bilbao denominada Irrintzia se intervino un panfleto con acusaciones y amenazas contra Nuevas Generaciones y Juventudes Socialistas, las organizaciones juveniles del PP y el PSE-PSOE. El juez estima que esas amenazas 'guardan relación con el intento de asesinato del militante de las Juventudes Socialistas Eduardo Madina, el 19 de febrero de 2002 en Bilbao, atentado en el que resultó gravemente herido'.

El auto señala que todos los imputados han participado activamente en los hechos y siguen la línea de actuación de ETA-Ekin, en la que se integran, con el fin de 'subvertir el orden constitucional y alterar la paz pública'. El juez decreta la prisión de 11 de los acusados y ordena la búsqueda de otros nueve: Xabier Gogenola, Garikoitz Mugika, Aitor Elizaran,Eneko Aizpuru, Jon Markel Ormazabal, Haritza Galarraga, Amaia Rekarte e Yves Machicotte.

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