El Supremo ve hoy el recurso de Gil por el 'caso de las camisetas'

Jesús Gil se juega en los próximos días su continuidad en la alcaldía de Marbella, a la que llegó en 1991, por el recurso de casación que hoy se ve en el Tribunal Supremo del caso de las camisetas. Gil fue condenado el 10 de octubre de 2000 por la Audiencia de Málaga por prevaricación y tráfico de influencias a 28 años de inhabilitación, seis meses de arresto y un millón de pesetas de multa. La sentencia del tribunal encontraba múltiples irregularidades en los contratos de patrocinio de Marbella de las camisetas del Atlético de Madrid en las temporadas 1991-92 y 1992-93, en el patrocinio del Joventut de Badalona y del Betis en 1992-93, y en los diversos contratos con la Sociedad de Fútbol Profesional o el Atlético desde 1994.

El abogado de Gil, Horacio Oliva, pedirá hoy la revocación de la condena a su cliente, con la tesis de que 'para que haya prevaricación, desde la reforma del Código Penal de 1995, una decisión tiene que ser además de injusta, arbitraria, y la Audiencia de Málaga sólo ha tenido en cuenta la doctrina anterior, incluso citando como jurisprudencia de base una sentencia del Supremo de 1990'. También está en desacuerdo la defensa de Gil con la condena por tráfico de influencias, 'porque no se ha producido ningún beneficio económico'.

Por el contrario, tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce la portavoz del PSOE en Marbella, Isabel García Marcos, piden que se condene al alcalde, además de por prevaricación y tráfico de influencias, por falsedad en documento oficial y por malversación de caudales públicos. La Fiscalía sostiene que entre los hechos probados en la Audiencia de Málaga, Gil dispuso de 'fondos públicos sin dotación presupuestaria, mediante la decisión de un órgano incompetente, sin la preceptiva tramitación administrativa, sin realizar valoración del precio de contraprestación y con intención de beneficiarse económicamente'.

Tras la vista de hoy, el Supremo tiene 10 días para pronunciarse. Gil lleva semanas anunciando medidas por si este tribunal confirma la inhabilitación. La más destacada es la constitución de un consejo de notables, presidido por el tenista Manuel Santana, que sería un Gobierno en la sombra.