García Marcos dice que las viviendas para jóvenes son un negocio de Jesús Gil

La Delegación de Medio Ambiente ultima una denuncia ante la Fiscalía contra una promoción, anunciada por el alcalde Marbella, Jesús Gil, de 3.000 viviendas para jóvenes en un suelo calificado como forestal no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.

El PSOE de Marbella consideró ayer que se trata de una 'estafa política' y que detrás del proyecto hay un negocio privado del alcalde a través de uno de sus testaferros. Gil negó las acusaciones y anunció que 'seguirá adelante'.

'Estamos ante una estafa política y un engaño descarado a los ciudadanos', dijo ayer en rueda de prensa la portavoz municipal socialista, Isabel García Marcos. La edil denunció la posible existencia de 'un nuevo pelotazo económico y urbanístico' detrás de la construcción de estas viviendas, proyectadas en una finca propiedad de la sociedad Zumos Marbella, perteneciente al empresario Ramón Mesa.

La Junta paralizó el 12 de enero unas obras que se acometían en esta misma parcela, de 630.000 metros cuadrados, situada en el paraje Cortijo San Cristóbal, y multó con 300.000 euros (50 millones de pesetas) a Mesa, también dueño de la cadena de restaurantes La Pesquera.

'Estamos convencidos de que no es más que una persona interpuesta o una sociedad interpuesta a la suya y que, detrás, lo que se oculta es el deseo de que a cambio de unas cuantas viviendas de protección oficial se pueda hacer, después, una gran promoción privada', explicó García Marcos.

Gil rechazó estas acusaciones, y negó 'pelotazos urbanísticos o negocios encubiertos' con el propietario de los terrenos. Añadió que Mesa 'ha puesto a disposición del Ayuntamiento los terrenos, que se le compensarán a través de un convenio'. La Junta sostiene que el terreno de compensación es suelo urbano.

Respuesta

Gil lanzó duras críticas contra el delegado de Medio Ambiente de la Junta, Ignacio Trillo, al que acusó de propiciar por 'una pataleta' la calificación de los terrenos como suelo forestal y utilizar el PGOU como 'arma arrojadiza'. 'Les dio [a la Junta] por incluir 11 millones de metros cuadrados como forestal cuando nunca lo habían sido', se quejó el alcalde, que estudia 'flexibilizar' la edad máxima de las personas que soliciten los inmuebles, cuya construcción pretende iniciar en dos o tres meses. Jesús Gil, no contento con la polémica suscitada, anunció la celebración de una macrofiesta para los adjudicatarios en los terrenos, en los que también prevé la construcción de una universidad, campus incluido.

La presidenta del PP, Ángeles Muñoz, cree que Gil no tiene 'voluntad' de acometer el proyecto y que pretende enfrentar a los jóvenes con las administraciones. Antonio Romero, de IU, volvió a reclamar la disolución del Ayuntamiento y el concejal andalucista, Carlos Fernández, teme que 'el Ayuntamiento pague a precio de oro la parcela' de las viviendas para jóvenes.