CC OO denuncia el despido de 10 empleados de un centro de menores

El sindicato Comisiones Obreras considera que la Fundación Diagrama, gestora del centro de Menores de Granada, aunque perteneciente a la Consejería de Asuntos Sociales, ha cometido 'discriminación de género y discriminación ideológica' en la no renovación del contrato a 10 de sus 13 trabajadores.

Nueve de los despedidos son mujeres y la bajas se produjeron coincidiendo con la conversión del centro cerrado para chicas delincuentes en uno semiabierto masculino. Todos los cesantes menos uno habían votado como delegada de personal del centro a la candidata de CC OO María Ángeles Rodríguez Artacho.

El centro de San Miguel era el único que atendía a chicas que habían cometido graves delitos en Andalucía. Su cierre coincidió con la apertura por parte del fiscal de una investigación para aclarar varios supuestos casos de trato vejatorio hacia las internas. Asuntos Sociales aseguró entonces que se trataba de un coincidencia y que la clausura formaba parte de una redistribución de los recursos de atención al menor planificada de antemano.

María Ángeles Rodríguez sostiene que el responsable de la Fundación Diagrama justificó la no renovación de los contratos en que los educadores debían pertenecer 'al sexo masculino' a partir del cambio de orientación del centro. La citada fundación, que gestiona la mayoría de los centros de menores de la Junta de Andalucía, reconoció la capacidad de las educadoras e incluso prometió la distribución de los despedidos en otros establecimientos.

Elecciones sindicales

La representante de los trabajadores considera también que hubo una discriminación ideológica ya que nueve de ellos la apoyaron durante las elecciones sindiclaes celebradas en el momento de transformación del centro cerrado para chicas en otro semiabierto para dolescentes masculinos. Rodríguez Artacho considera que la fundación ha podido incurrir en un fraude de ley ya que los empleados, contratados expresamente para un centro cerrado de mujeres trabajaron durante un mes en un centro seamiabierto con chicos.

La sindicalista asegura que los responsables del centro, durante el año que trabajaron en el de San Miguel, las obligaron a realizar tareas que excedían su cualificación profesional. Así las educadoras tenían que acompañar a sus casas en sus propios turismos o en los automóviles del centro a las internas que disponían de permiso durante los fines de semana. La familia acogía a la menor a cambio de firmar un documento de entrega que devolvía a la educadora.

El centro de San Miguel contaba sólo con ocho habitaciones, tres duchas y dos cuartos de baño. En los últimos meses se han acometido obras de mejora y adaptación a las nuevas circunstancias, entre ellas la instalación de las canalizaciones de desagüe que sustituyen a un pozo ciego.