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Los mineros de Boliden retoman sus protestas para forzar un acuerdo con el Ejecutivo central

Los trabajadores cortan la A-49 tras una marcha reivindicativa por el valle del Guadiamar

Alejandro Bolaños

Han estado un mes callados, sin llamar la atención sobre su delicada situación laboral, a la espera del visto bueno definitivo del Ministerio de Trabajo a sus reclamaciones. Pero ayer los mineros de Boliden Apirsa, la empresa que está a punto de abandonar definitivamente la explotación de Aznalcóllar, empuñaron de nuevo las pancartas y se dirigieron a la autovía que conecta Huelva y Sevilla. Allí, cortaron el tráfico durante hora y media. 'Nos dicen que el acuerdo está hecho, pero aquí nadie pía y el paro se nos ha agotado', explicó Agapito Ramírez, representante de los mineros.

La Junta y el Gobierno sellaron un acuerdo el pasado 28 de enero para paliar el impacto laboral de la decisión de Boliden Apirsa (en suspensión de pagos) de abandonar la explotación de Aznalcóllar. El Ejecutivo autonómico se comprometió a fomentar alternativas económicas, incentivar la recolocación de los mineros (subvención de 6.000 euros por contrato), emplear a varios en el programa de restauración ambiental y completar la renta de los trabajadores con becas-salarios de 420 euros mensuales. La Administración central debía abordar el plan de jubilaciones anticipadas y la restitución del subsidio de desempleo a aquellos que lo hubiesen gastado en expedientes temporales de regulación de empleo.

Tras varias conversaciones entre los sindicatos y técnicos de la Administración central, se llegó en febrero a un principio de acuerdo; pero desde entonces los mineros -algunos llevan más de ochenta días encerrado en las instalaciones de Boliden- no han tenido más noticias.

Los mineros, que a finales de enero cortaron varias veces carreteras de acceso a Sevilla e intentaron incluso impedir la salida de un Ave desde la estación de Santa Justa (la acción no prosperó por una contundente carga policial que dejó una decena de heridos), habían decidido el jueves retomar la campaña de protestas. Ayer, a primera hora de la mañana, más de 300 trabajadores realizaron una marcha 'reivindicativa'de cuatro kilómetros por zonas del corredor verde, en el valle del Guadiamar

El portavoz del comité de empresa, Guillermo Macías, indicó que con esta acción pretendían mostrar que 'después de los miles de millones que han destinado las administraciones para la restauración ambiental tras el vertido, no haya dignidad para dar una solución a la crisis en la que están inmersos los trabajadores y sus familias'.

Tras la marcha, los mineros llegaron a la A-49 y a la altura de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) cruzaron varios neumáticos y les prendieron fuego para cortar el tráfico, una acción que abandonaron sobre las 11.00.

'Si no hay noticias de Madrid, tendremos que poner el listón más alto y hacer otra cosa', vaticinó Agapito Ramírez, quien recalcó su extrañeza sobre el retraso. Los trabajadores de Boliden consideran que su situación no tiene las mismas causas que la crisis de la cuenca minera onubense ya que, recuerdan, el cese de actividad se debió a los costes provocados por la rotura de la balsa minera, en abril de 1998, y el desastre ecológico que ocasionó.

Pendientes de Aparicio

La propuesta de los sindicatos, a la que ha dado el visto bueno la Dirección General de Ordenación Jurídica, recoge la aplicación de unos coeficientes reductores (habituales en la actividad minera por su peligrosidad) que fija la edad de jubilación en 50 años. Una rebaja que permitiría entrar en el plan de prejubilaciones a 306 de los 415 trabajadores aún en plantilla de Boliden Apirsa. El plan se dotaría con las indeminizaciones prometidas por la empresa (24 millones de euros). Los trabajadores piden que el resto (otros 18 millones de euros) lo pongan a la limón Junta (que ya ha anunciado que lo hará) y Gobierno. Los sindicatos también quieren la restitución del subsidio de desempleo (cerca de un millón de euros) para los trabajadores más jóvenes. Fuentes sindicales indicaron que el acuerdo está en la mesa de Gerardo Camps, secretario de Estado de Seguridad Social y depende de 'una decisión política' del ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, con el que está intentando contactar en los últimos días el secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, para tratar el asunto.

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