Los vecinos exigen que Russafa no sea el campo de batalla de ultras y antifascistas y piden inversiones

Han pasado cinco años desde que, a finales de julio de 1997, la extrema derecha y los radicales alternativos intentaron convertir el barrio de Russafa -uno de los que alberga mayor número de inmigrantes en Valencia- en campo de batalla. Este fin de semana, las partes volvieron a medir sus fuerzas ante un vecindario que muestra señales de hartazgo por el progresivo deterioro urbanístico de su barrio y por la instrumentalización que del fenómeno de la inmigración quieren hacer los colectivos más extremistas.

La asociación vecinal Russafa-Gran Vía ha denunciado en reiteradas ocasiones que el enorme retraso que arrastra el tan cacareado proyecto del Parque Central y la falta de inversiones han provocado un deterioro en la zona más próxima a la Estació del Nord, ya que los propietarios están a la espera de disponer de solares en los que construir obra nueva en un futuro. Una situación que ha generado la existencia de alquileres baratos en viviendas muy deterioradas, donde se albergan los inmigrantes faltos de recursos económicos, e imágenes tercermundistas como las que se ven en calles como las de Chella -en la imagen parte del callejón paralelo a la Gran Vía Germanías-, Gibraltar o Alicante. Ayer, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Ana Noguera, criticó la indiferencia de la alcaldesa Rita Barberá, que desde la manifestación ultraderechista de 1997 ha dejado caer en saco roto las reivindicaciones vecinales. 'La degradación ha convertido el barrio en un polvorín en el que hay gente dispuesta a echar una cerilla', dijo Noguera. Russafa, a la espera del Parque Central, se ha convertido en un barrio sin apenas zonas verdes y con un bajo nivel de equipamientos -sus vecinos tienen que acudir todavía al centro social de El Carme-, poco atractivo para nuevos residentes.

Mouhaled Mimi, representante de los emigrantes magrebíes, responsabilizó ayer al Ayuntamiento de la degradación urbanística y pidió que nadie [en referencia a ultras y antifascistas] vaya a ayudarles. 'Cualquier tipo de apoyo de los vecinos del barrio, que ya nos lo han demostrado, lo estamos agradeciendo. Estamos participando activamente con la asociación de vecinos y con el resto de asociaciones cívicas del barrio', afirmó.

'Vino gente del otro extremo y tampoco nos gustó tanto, porque hubo jaleo y fue una pena. Si no hubiesen participado, los anarquistas en particular, hubiese pasado casi desapercibida [la manifestación fascista]', dijo una vecina.

La oposición parlamentaria acusó ayer a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carmen Mas, de actuar de manera irresponsable por permitir la manifestación ultra en el barrio de Russafa, que desembocó, tras la violenta respuesta de grupos minoritarios de una contramanifestación, en cuantiosos daños materiales y 23 personas detenidas, la última de las cuales salió ayer en libertad bajo fianza tras abonar su familia 1.500 euros. Mas insistió en que sólo cumplió con el derecho a manifestarse.

Los portavoces parlamentarios del PSPV y Esquerra Unida, Joaquim Puig y Joan Ribó, respectivamente, solicitaron la comparencia de Mas, bien en las Cortes Valencianas bien en el Congreso de los Diputados, para que explique lo sucedido. El portavoz del Grupo Popular autonómico, Alejandro Font de Mora, indicó que el lugar adecuado para una petición de esas características no son las Cortes Valencianas y que los delegados del Gobierno responden ante el Ejecutivo central, por lo que es en el Congreso donde pueden pedir toda clase de explicaciones que consideren.

Por su parte, el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, anunció que, en su condición de diputado nacional, pedirá al ministro del Interior que explique 'la permisividad de la máxima representante del Gobierno en la Comunidad Valencina y la carga realizada contra los demócratas que han sufrido su imprevisión y su insensibilidad'.

La delegada del Gobierno, Carmen Mas, rechazó las críticas de la oposición y en un comunicado recordó que las manifestaciones no necesitan autorización previa, sino únicamente comunicación dentro de unos plazos, 'como así hizo la plataforma España 2000'.

Mas, en su comunicado, explicó que el año pasado se comunicaron un total de 301 manifestaciones, de las que sólo tres fueron prohibidas, dos por coindicir con los actos del 9 d'Octubre y una por haberse comunicado fuera de plazo. En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha fallado recientemente contra una resolución de la Subdelegación de Gobierno en Alicante que prohibió la convocatoria de una manifestación promovida por el partido ultra Democracia Nacional, informa Rebeca Llorente. La Subdelegación del Gobierno impidió 'ante posibles incidentes' esta movilización, prevista el 9 de diciembre de 2001. Los convocantes recurrieron al TSJ, que falló contra la Subdelegación al considerar que había vulnerado uno de los derechos fundamentales de la democracia, el de la manifestación.

Mas aseguró ayer que la contramanifestación 'integrada por elementos anarco-ocupas independentistas y antisistema' no fue comunicada y se estableció el dispositivo policial para garantizar 'el doble derecho de los resisdentes del barrio y de los solicitantes de la manifestación'.