¿Puede la prensa cometer genocidio?

¿Puede matar el periodismo? ¿Puede la libertad de expresión degenerar en genocidio? Un juicio, que tiene lugar en Arusha, una ciudad de Tanzania, lejos de la atención del mundo, ha puesto sobre la mesa este asunto. Según los fiscales de la ONU del Tribunal sobre Crímenes contra la Humanidad en Ruanda, la respuesta a ambas preguntas es sí. Los tres hombres que se sientan en el banquillo, antiguos ejecutivos de medios de comunicación, están acusados de genocidio y de incitación al genocidio por su uso de la radio y de la prensa durante la matanza de más de 800.000 personas en 1994 en Ruanda.

Desde Núremberg, donde fue juzgado Julius Streicher, editor del semanario antisemita Der Stürmer, es la primera vez que varios periodistas tienen que responder por estos cargos; aunque en el tribunal donde se juzgó a los jerifaltes del nazismo no existía todavía la acusación de genocidio. Los fiscales han trazado un paralelismo entre la brutal propaganda contra los judíos lanzada en Alemania por Der Stürmer antes de la II Guerra Mundial y los actos de algunos medios ruandeses en las semanas previas al genocidio contra los tutsis y los hutus moderados.

Según muchos especialistas en derecho internacional, este juicio puede sentar un precedente crucial para la futura Corte Penal Internacional, que se pondrá en marcha a finales de año. 'Una cuestión clave será la de los límites, qué discursos estarán protegidos por la libertad de expresión y cuáles no', asegura Stephen Rapp, un abogado estadounidense que trabaja como fiscal en este caso. El último precedente que existe en el derecho internacional sobre este tema es el de Streicher, que fue enviado a la horca.

'Es una cuestión crucial', señala uno de los jueces del Tribunal. 'Mucha gente ha encontrado los discursos de Osama Bin Laden objetables. ¿Por qué mucho medios estadounidenses se autocensuraron en ese caso? Porque había valores muy importantes implicados'.

Los acusados en lo que se ha llamado el proceso a los medios son Ferdinand Nahimana y Jean-Bosco Barayagwiza, que fundaron y controlaron la información en una emisora de radio, y Hasan Ngeze, un antiguo editor de un diario. Los fiscales les acusan de haber orquestado un minucioso plan destinado a multiplicar el odio étnico y para persuadir a la gente a asesinar a sus enemigos tutsis y hutus moderados. Como pruebas han presentado cerca de 50.000 documentos, más de 600 horas de grabaciones con las consignas lanzadas desde la siniestra Radio Mil Colinas y copias del diario Kangura, plagado de ilustraciones y textos racistas.

La emisora, conocida como Radio Odio, fue una pieza clave del extremismo hutu. Cuando empezaron las matanzas, sus mensajes no podían ser más explícitos. 'Las tumbas no están todavía llenas', fue uno de los más repetidos.

Los abogados defensores reclaman la inocencia de los procesados y califican de 'farsa' el proceso. 'Lo que se juzga aquí es la libertad de expresión. La ONU está defendiendo la censura', señala John Floyd, abogado estadounidense. Los fiscales argumentan que el proceso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, sino con una conspiración criminal de la que formaron parte Radio Mil Colinas y Kangura. 'La emisora estaba en todos los controles y había miles', asegura un investigador de la policía. 'Mucha gente nos dijo que mataban porque la radio se lo pedía'.

El proceso a los medios arrancó en octubre de 2000; pero ha sufrido numerosos retrasos y problemas. Hasta ahora, han pasado por la sala 40 testigos.

Los tres jueces que se ocupan del caso, encabezados por el surafricano Navanethem Pillay, están estudiando cómo es tratada la incitación al odio en diferentes países, desde Francia hasta Estados Unidos, porque 'es algo que cuenta con muy pocos precedentes en el panorama internacional'.