Legalizadas las obras de la vivienda que el subdelegado del Gobierno en Málaga hizo sin la licencia preceptiva

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria aprobó el pasado 22 de febrero, sólo un día después de que fuera solicitada, la licencia de obras para la vivienda que se ha construido el subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, y que fueron paralizadas en diciembre al constatar que los trabajos tenían una dimensión muy superior al que fue autorizado.

La constructora Loville, autora del proyecto y a la que Rubio encomendó todos los trámites sobre el mismo, pidió en noviembre de 2000 una licencia de obra menor para 'demolición y reposición de la tabiquería' de un cortijo en ruinas de unos 100 años de antigüedad situado en un paraje calificado de suelo no urbanizable. Por ello se podía rehabilitar, pero no hacer nueva construcción. Los trabajos estaban presupuestados en 716.000 pesetas (4.303 euros).

Un año después, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, ordenó la paralización de las obras al comprobar que en realidad se había resconstruido el cortijo y que la construcción excedía el permiso concedido, por lo que abrió también un expediente. El pasado 22 de febrero se sucedieron los trámites para legalizar las obras. En un mismo día, el siguiente de ser pedida la licencia por los trabajos realmente realizados, se reunió la comisión informativa de Urbanismo para aprobarla, el alcalde firmó el correspondiente decreto, y se comunicó al interesado. La licencia se ha otorgado pese a que el arquitecto municipal ha informado que no se puede determinar el alcance de la rehabilitación pues la construcción inicial ya es 'inexistente'. Para otorgar la licencia, el Ayuntamiento se ha amparado en el propio proyecto, que fija el presupuesto total de la obra en 89.205 euros, 20 veces más que el de los trabajos por los que se pidió licencia en 2000.

El PSOE ha pedido una sanción'ejemplarizante' para Rubio -al quedar legalizada la obra, la multa no sobrepasará el 5% del presupuesto- pues entiende que 'hay que dejar claro ante todos los ciudadanos que estas cosas no se pueden hacer, y menos si se trata del representante del Gobierno en la provincia y el máximo responsable del cumplimiento de la legalidad'.