El campus de la justicia

La primera vez que escuché a la ex ministra Mariscal de Gante hablar de la 'ciudad de la justicia', pensé, dadas las connotaciones de su apellido, que había vuelto aquella moda del tardo franquismo que consistía en buscar nombres rimbombantes para las cosas sencillas, como el intento, hoy felizmente desechado, de que los hospitales fueran 'ciudades sanitarias' o las cárceles 'centros penitenciarios', vamos, como si una cosa o la otra fueran auténticos balnearios.

El presidente Ruiz-Gallardón, más moderno, pero quizá no por ello menos conservador que la ex ministra, ha inventado un nuevo término para designar el mismo fenómeno: el 'campus de la justicia'. Uno se imagina - a diferencia lógicamente de la 'ciudad'- un espacio agradable, silencioso, lleno de verde, sin coches, con sus facultades de lo Social, lo Contencioso-Administrativo, lo Penal o la Vigilancia Penitenciaria y a los justiciables paseando alegremente con sus abogados.

Pero hete aquí que mientras se discutía, incluso en sede parlamentaria, cuál fuera el mejor sitio para ubicar el 'campus de la justicia' -que, inevitablemente, por su evocación universitaria parece que deba estar alejado del ruido y de la polución y situado, como su nombre indica, en medio del campo-, viene el señor juez decano de los de Madrid y afirma con rotundidad (El PAÍS, 10 de febrero) que el susodicho 'campus' debe estar en el centro de la ciudad y bien comunicado. ¡Pues como no lo pongan en el Retiro, no les caben las facultades!

Para alguien que es ajeno al mundo de la justicia, parece que entrar a decir algo sobre este problema exige pensárselo dos veces y no me hubiera atrevido si no fuera porque el tema inevitablemente está de actualidad y la idea que voy a exponer creo que no se refiere estrictamente a los problemas de la justicia, más bien trata de cual sea nuestra concepción de la ciudad y el funcionamiento de los servicios públicos. Pues bien, desde ese punto de vista, la centralización de todos los órganos judiciales de Madrid en un solo lugar, necesariamente alejado, constituye un perfecto disparate.

Frente a la 'ciudad' o al 'campus', que tanto da, las más modernas, comprobadas y parece que eficaces técnicas de gestión pública, insisten hoy en un aspecto que es todo lo contrario de lo que se proponen nuestros gobernantes, es decir, la desconcentración y la autonomía frente a la concentración y la uniformidad. Y ello tiene que ver, cómo no, con la concepción de una ciudad como Madrid, que no puede ser entendida, en materia de justicia -como en tantas otras-, como uno más de los partidos judiciales en que se divide el territorio español. Estamos tratando de un partido judicial con cerca de tres millones de habitantes, y con una técnica legislativa que muestra nuestra obcecación; le damos el mismo tratamiento que al partido judicial de Orgaz, en la provincia de Toledo.

¿No se podía pensar en una pequeña modificación del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de forma tal que en las ciudades, a partir de un determinado número de habitantes, los partidos judiciales coincidieran no con el municipio, sino con los distritos municipales en que el Ayuntamiento tiene dividida la ciudad? Imagínense la diferencia: ya no tendríamos que pensar en el 'campus de la justicia', sino en un Palacio de Justicia -como siempre se han llamado- en cada uno de los distritos municipales.

Claro que esto exige una concepción distinta de la ciudad a la que tiene el PP, si es que tiene alguna. Pero la propuesta que formulo no debería asustarle pues, sin duda, está basada en las más modernas y neoliberales fórmulas de gestión de los asuntos públicos.

La planta del partido judicial de Madrid está constituida por 65 juzgados de Primera Instancia, 46 de Instrucción, 5 del Registro Civil, 27 de lo Penal, 37 de lo social, 3 de vigilancia penitenciaria, 4 de menores y 6 de lo Contencioso-Administrativo, más el juez decano, según la web del Consejo del Poder Judicial.

Se imaginan la diferencia en el tratamiento de los problemas de la justicia, si a Latina, el distrito municipal más poblado, le asignáramos como a la ciudad de Granada, de idéntica población, sus 12 juzgados de Primera Instancia y sus 8 juzgados de Instrucción y los demás que les correspondieran de los otros órdenes; a Retiro, que viene a ser como Tarragona, sus 10 de Primera Instancia e Instrucción y sus 4 de lo Penal, o a Vicálvaro, que tiene los mismos habitantes que Huesca, sus 3 juzgados de Primera Instancia e Instrucción y su juzgado Penal, y además los situáramos físicamente en el distrito correspondiente, en un lugar apropiado y con la suficiente dotación. A lo mejor con esta fórmula sería pensable hablar de los juicios rápidos, y del procedimiento predominante oral de que habla nuestra Constitución. También habría que acomodar las comisarías de policía a esta distribución territorial, cosa no lograda del todo a pesar del loable intento del señor Núñez Morgades, y todos los manuales dicen que, de esta forma, cuando los policías y los jueces tengan perfectamente acotado y descentralizado el territorio de los delitos que deben perseguir la colaboración, puede ser mucho más fácil y la eficacia de la actuación mucho mayor.

Ignoro si esta solución que propongo tiene otros inconvenientes que no se me alcanzan. Desde luego, habría 21 juzgados de guardia cada día y no tres o cuatro como ahora. Pero se cumpliría aquel aforismo de 'acercar la justicia al justiciable', se ordenaría mucho más razonablemente la ciudad para los ciudadanos -no sé si también para los abogados y procuradores- y permitiría que cuando a uno le citan de testigo pudiera acudir al órgano judicial andando desde su casa.

Pero si de lo que se trata no es arreglar los problemas de la justicia, sino de tener motivo para hacer algún otro túnel para llevar a los miles de funcionarios, letrados y ciudadanos de donde viven a un lugar suficientemente alejado, también podrían pensar en el AVE, que va más rápido, y sacar el 'campus' a Aranjuez y dar entradas gratis para el Palacio Real.

¡Un Palacio de Justicia en cada distrito! Se imaginan qué disparate para los que gobiernan el municipio y la Comunidad. Pues sí, señores, algunos queremos poder ir andando y no sólo al Palacio de Justicia, que lo frecuentamos poco, sino a más sitios. Supongo que contestarán: reivindicación denegada, y dé usted gracias de que no le procesen por meterse donde no le llaman.

Francisco Ramos Fernández-Torrecilla es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.