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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Pacto de necesidad

La unidad de las fuerzas democráticas contra ETA es una necesidad, y su ruptura, una necedad. Los modestos cimientos puestos el viernes pasado para la reconstrucción de esa unidad han ido siendo demolidos luego con incomprensible aplicación por quienes más interesados deberían estar en lo contrario. Es verdad que los nacionalistas han aguado algunas de las iniciativas que parecían más esperanzadoras, pero la reacción de algunos portavoces del PP, singularmente Arenas y Mayor Oreja, ha sido la de situar a los socialistas en el papel de enemigo principal; al menos, de principal sospechoso.

El Pacto Antiterrorista lo es entre los dos partidos de ámbito español con posibilidades realistas de gobernar. Es una pieza necesaria de la estrategia antiterrorista, pero no puede trasladarse tal cual al ámbito vasco. En éste hace falta algo parecido a lo que fue la Mesa de Ajuria Enea: un acuerdo de respeto a los principios democráticos compartidos por nacionalistas y no nacionalistas. El principal reproche al PSOE es haber avalado, en aras de la unidad, una ruptura del nacionalismo con Lizarra que no es real. Las propuestas planteadas el viernes tendían a intentar forjar en el ámbito municipal la unidad que no es posible en otro más amplio.

El método de emplazar a Batasuna a suscribir una declaración en favor del pluralismo y contra la violencia suena, a estas alturas, algo superfluo, porque esa formación no deja de responder cada día, en la teoría y en la práctica. Sin embargo, una de las pocas cosas que se pueden hacer contra ese enquistamiento es que los otros nacionalistas (PNV y EA, y quizás Aralar, la escisión de Batasuna) se comprometan a romper toda relación con ellos, política e institucional, presente o futura, mientras no rompan a su vez con ETA. Los nacionalistas no son unánimes al respecto: cuando habla el portavoz del Gobierno vasco, Ímaz, parece que son partidarios; cuando lo hace el portavoz del PNV, Egibar, parece que no, y cuando Ibarretxe, depende. Seguramente no es mala idea forzar pronunciamientos de los nacionalistas allí donde mayores dificultades tendrían para mantener la ambigüedad: en los municipios en los que hay concejales perseguidos.

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Sería deseable que la voluntad de romper definitivamente con la lógica de Lizarra se manifestase mediante mociones de censura contra los alcaldes de Batasuna elegidos en su día con el apoyo de PNV y EA. Hay que denunciar la negativa de esas formaciones a hacerlo por razones de interés partidista: no cerrar del todo la hipótesis de una reedición del frente nacionalista y mantener abiertos los vasos comunicantes que permiten el trasvase de votos de Batasuna. Pero entre limitarse a denunciar y hacer algo, es preferible lo segundo: intentar que la solidaridad con los perseguidos sea el motor que fuerce a los dirigentes de esos partidos a anteponer la unidad democrática a la unidad nacionalista con los antidemócratas. Eso también es hacer la vida incómoda al entorno de ETA, como ayer pedía Rajoy. ¿Las declaraciones de Egibar demuestran que no están por la labor? Pues razón de más para forzarles a cambiar desde los municipios.

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