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Ayuntamientos, padres y profesores pagan la vigilancia en los institutos

La Consejería de Educación alega que no le compete la seguridad en los centros educativos

El incremento de la inseguridad ciudadana llega a las aulas, pero la Consejería de Educación deja en manos de los padres y de los directores su solución. La vigilancia privada que han contratado algunos consejos escolares corre a cargo de ayuntamientos, asociaciones de padres o del presupuesto de los directores de los institutos, ya que la consejería sostiene que no tiene competencias en esta cuestión. En Alicante, al menos tres institutos disponen de vigilantes jurados que controlan el acceso de los alumnos, la venta de droga o los actos vandálicos en los centros.

En los institutos de educación secundaria empieza a ser habitual la imagen de un vigilante jurado controlando el acceso al centro público. Sin embargo, la Consejería de Educación no interviene, ni sufraga el servicio en todos los institutos. Según explica José Luis Moreno, portavoz de la Permanente de Directores de los institutos en la provincia de Alicante, 'es el consejo escolar de cada centro el que demanda el servicio, en función de las necesidades'.

Así por ejemplo, en Alicante hay al menos tres institutos que disponen de un sistema de vigilancia privada. En el Instituto Virgen del Remedio el gasto corre a cuenta de los padres y del presupuesto de mantenimiento de la dirección del centro; pagan 1.051 euros mensuales (unas 175.000 pesetas). En el IES número 14 es el Ayuntamiento de Alicante el que costea los gastos de seguridad. 'Todo está en función de la demanda social, si hay una necesidad se intenta cubrir pero no hay un criterio definido', lamenta el portavoz de los directores en Alicante. Y muestra de ello es el caso del IES Gran Vía, donde la Consejería de Educación sí se encarga de sufragar el gasto, aunque no consta oficialmente, según Moreno. Los responsables de los institutos advierten de que no tienen 'capacidad económica para asumir este gasto', agrega Moreno, quien calcula en 60.000 euros (diez millones de pesetas) el coste anual que para un centro comporta un vigilante jurado, lo que significa un 20% del presupuesto total de mantenimiento.

El Instituto García Berlanga, en la localidad de Sant Joan y en las inmediaciones de Parque Ansaldo, lleva dos años pidiendo vigilancia, y no la han autorizado. Según explican los docentes, los vigilantes privados se encargan de controlar el acceso a los centros del alumnado, evitar robos, disuadir la venta de droga y reprimir peleas. 'Los conserjes no tienen esa función, no están capacitados para eso', recuerda Moreno. La Permanente de Directores de los institutos públicos plantea 'fomentar la policía de barrio, que controle también el absentismo, y los actos vandálicos', explica Moreno, quien reconoce que el incremento de vigilancia en los centros debe instaurarse 'siempre que el consejo escolar lo solicite'. Algunos centros demandan también vigilancia los fines de semana.

Casos aislados y excepcionales

La propia Consejería de Educación reconoce que no hay un criterio establecido para generalizar la vigilancia en los centros públicos de educación secundaria, para prevenir la venta de droga, evitar actos vandálicos o controlar el absentismo escolar. 'No hay una regla fija, son casos excepcionales y aislados', indica un portavoz de la Consejería de Educación. La Administración autonómica matiza que la vigilancia extraordinaria que se establece en los centros se consensúa con los consejos escolares, los ayuntamientos y la Consejería de Educación. 'Son medidas temporales, y que se aplican ante casos excepcionales', insiste el portavoz, que reduce a un 0,8% la vigilancia privada en los 1.400 institutos públicos de secundaria, de la Comunidad. Los directores insisten en la necesidad de incrementar la vigilancia en los centros para evitar actos vandálicos y garantizar la seguridad. Desde el Instituto Jorge Juan de Alicante, según explica José Luis Moreno, se ha pedido en reiteradas ocasiones incrementar las medidas de seguridad de los accesos, para evitar que durante los fines de semanas pandillas de jóvenes accedan a los patios y causen desperfectos en las pistas deportivas o rompan cristales en las aulas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de febrero de 2002

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