El caso contra Gil por el desvío de 5.000 millones de Marbella se retrasa en la Audiencia Nacional

El fiscal anticorrupción que redactó hace un año la querella contra Jesús Gil, dos de sus colaboradores y otras tres personas por el presunto desvío de unos 5.000 millones de pesetas desde tres sociedades municipales de Marbella, ha abandonado la Fiscalía. Javier Sánchez Junco hizo efectiva la pasada semana una excedencia, para dedicase a la abogacía. Su marcha estaba ya prevista desde hace dos meses y su sustituta en este caso, Belén Suárez, ha tenido tiempo de ir estudiando la causa, por lo que fuentes de la Fiscalía opinan que el cambio de fiscal no retrasará el juicio.

Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, que instruye el caso por orden del Tribunal Supremo, todavía no ha citado a declarar a ninguno de los implicados en el caso. El magistrado acaba de comunicar a las partes que tiene que estudiar las cinco grandes cajas con miles de folios que componen el sumario, antes de dar traslado a los abogados y citar a imputados y testigos. Previsiblemente los interrogatorios se pospondrán hasta pasadas las fiestas de Semana Santa.

Los retrasos de este caso comenzaron en febrero del pasado año. Del Olmo se declaró incompetente para llevar este caso en febrero de 2001 y lo remitió a los Juzgados de Instrucción de Marbella para que se siguiera allí el proceso. Pero la juez de Marbella María Luisa de la Hera rechazó en junio de 2001 la inhibición de la Audiencia Nacional y planteó un conflicto jurisdiccional.

El Supremo resolvió en enero de este año el conflicto de competencias y ordenó que la investigación del caso la llevara un órgano especializado como la Audiencia Nacional. El alto tribunal alegaba en su resolución la 'notable complejidad, dado el alto número de entidades implicadas y el previsible volumen de operaciones' que componen las diligencias del caso.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Jesús Gil y Gil, a sus colaboradores y a familiares de éstos, de malversación de caudales públicos y falsedad documental, por haber creado una red de empresas privadas que emitían facturas ficticias por servicios no prestados a tres sociedades de capital municipal creadas a su vez por el propio alcalde de Marbella.

Este presunto fraude habría superado los 5.000 millones de pesetas entre los años 1991 y 1995. Según la tesis del fiscal, 700 millones de pesetas del dinero desviado fueron a cuentas de empresas de Jesús Gil, como Promociones Futbolísticas. El entonces gerente de la sociedad municipal de Marbella, Contratas 2000, José Luis Jiménez, habría ingresado en cuentas propias unos 2.000 millones de pesetas. El resto del capital defraudado a las arcas públicas, en cantidades entre los 15 y los 50 millones, tuvo distintos destinos. Siempre según el mismo argumento, las cuatro empresas que emitían las facturas supuestamente falsas las compró el gerente de Urbanismo de Marbella, José Luis Roca, en 1993 a nombre de su madre.

Persecución fiscal

El alcalde de Marbella ha declarado en repetidas ocasiones que esta querella es 'una comedia' y 'una persecución' del fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, al que ha acusado repetidas veces de investigarle y perseguirle de forma inquisitorial.

El 10 de febrero de 2001, en un comunicado, Jesús Gil justificó operaciones irregulares realizadas cuando llegó a la Alcaldía de Marbella en junio de 1991 como 'la única manea de hacer obras sin que embargasen al Ayuntamiento'.

Gil sostenía entonces que 'sería imposible pensar que el dinero salía del Ayuntamiento a nombre de un particular para que éste se lo gastase; tenía que ir a alguna cuenta para que no lo embargasen, porque teníamos requerimientos de la Seguridad Social, de Hacienda y antiguos acreedores del Ayuntamiento', rezaba el comunicado.