Inseguridad desigual

Al Gobierno parece haberle pillado desprevenido el problema del aumento de la inseguridad ciudadana, como si fuera un secreto, y también que los socialistas enarbolen esa bandera, que el PP consideraba suya. Lo cierto es que, a diferencia de otros servicios básicos, que se han universalizado, el de la seguridad ha tendido a privatizarse; es decir, a hacerse dual: hay una seguridad para quienes pueden pagarse protección privada y otra para la generalidad de los ciudadanos.

La idea de que la seguridad es cosa de la derecha ya no se sostiene. Por eso, y con independencia de algunos excesos retóricos, el PSOE ha cumplido con su obligación de sacar al Gobierno de su ensimismamiento con datos que demuestran que la alarma de la gente está justificada. Es un exceso retórico considerar que el actual es 'el peor momento de la historia de España' en la materia; y el empeño en atribuir a razones ideológicas el aumento de la delincuencia recuerda a los sermones de Fraga, y luego Aznar, en los años ochenta. Seguramente es lógico que la oposición tienda a dramatizar lo que el Gobierno intenta minimizar, pero los datos son elocuentes: un aumento de la criminalidad del 20% en los seis años que lleva gobernando Aznar no puede explicarse por el 'aumento de la población', según la prudente expresión de Aznar para no citar directamente a la inmigración.

Es cierto que un porcentaje más que proporcional de los delitos son realizados por extranjeros, pero eso no explica que España se haya convertido, con una inmigración menor que la media, en el tercer país de la UE en incremento de criminalidad, incluyendo la mayor tasa de homicidios por habitante. Y en todo caso, no basta con identificar una causa si no se dice qué se ha hecho y qué se piensa hacer al respecto.

Naturalmente, mejorar la seguridad cuesta dinero; sin embargo, se supone que el Estado se ahorra los 12.000 millones de euros anuales que cuesta la protección privada (a la que se dedican ya unas 100.000 personas). Parece lógico pensar que al menos una parte de ese ahorro debería servir para mejorar la seguridad pública. Pero los datos indican que los gastos en seguridad han disminuido en porcentaje del PIB.

Lo mismo respecto al número de efectivos: el Gobierno ha anunciado la creación de 6.500 nuevas plazas en la Policía Nacional y Guardia Civil, pero el informe presentado esta semana por el PSOE indica que sólo para mantener el nivel de hace seis años harían falta el doble. Pero si la seguridad ciudadana es una prioridad, como indican las encuestas (tercer tema de preocupación, tras el terrorismo y el paro), debe reflejarse en los Presupuestos. Gobernar es prever.