Los concejales vascos exigen al 'lehendakari' liderar ahora el combate contra el terrorismo

Las medidas de protección, el propósito de recrear un 'espacio común ético y cívico' que proteja en lo posible la democracia municipal en Euskadi, no resuelven las angustias de los castigados concejales constitucionalistas vascos pero, al menos, les abren una rendija a la esperanza de ver disminuida su rigurosa soledad. Sus reacciones ante el acuerdo institucional del viernes, más críticas en general en las filas del PP, cubren un abanico limitado en el que el entusiasmo y la complacencia están enteramente proscritos. 'Es positivo, pero que Ibarretxe lidere de una vez el combate contra el terrorismo, que desaloje a Batasuna de las alcaldías, que acabe con Udalbiltza, que nos dé pruebas de que podemos creer en él', dicen los ediles constitucionalistas.

'Lo escandaloso es que el Gobierno no sea capaz de acabar con el miedo y la falta de libertad'

Ciertamente, abrumados como están por el peso de estos años de desgaste anímico terrible, de convivencia cotidiana con el miedo y la desesperanza, los atribulados concejales del PP y PSE-EE sólo pueden encontrar ya verdadero consuelo en el amparo de una estrategia global unitaria de lucha contra ETA, un objetivo que, hoy por hoy, parece situado a años luz de la capacidad de consenso de los partidos vascos. 'Lo único verdaderamente interesante es que han recuperado cierta capacidad de diálogo'. 'Ya es triste que nuestro lehendakari haya tardado un año en abordar el asunto, ahora hay que ver si esto conduce a alguna parte o si es sólo un gesto del nacionalismo para lavarse la cara', señalan los ediles de los partidos constitucionalistas.

En sus diversos grados y formas, la unidad de los demócratas contra ETA es una exigencia permanente que, en casa de los amenazados, se expresa, a veces, en tono de súplica; un anhelo que surge espontáneamente, un clamor sordo que encuentra también eco en círculos del nacionalismo democrático atacados por la mala conciencia política, preocupados por el desencuentro y la división. 'No lo entiendo, se lo juro. Si las direcciones de los partidos se han puesto de acuerdo sobre el Concierto Económico y el Cupo y sobre el abortado programa de pensiones para los parlamentarios de aquí, ¿por qué diablos no pueden encarar juntos el auténtico problema sangrante que tiene este país? Pero, qué pasa, que sólo son capaces de entenderse en los asuntos del dinero?', se interroga, exasperado, un edil alavés.

No es que se critiquen las medidas dirigidas a reforzar su seguridad y a paliar la merma en el ejercicio institucional de los derechos enunciadas por el presidente del Gobierno vasco. Es que, simplemente, no ven que estas medidas modifiquen sustancialmente la situación, despejen verdaderamente el futuro, les aporten el caudal anímico suficiente para animarles a resistir. 'Las medidas son el gesto piadoso de un Gobierno que atiende a otras prioridades políticas, como la de la autodeterminación', dicen. 'Lo escandaloso', subrayan, 'es que nuestro Gobierno no sea capaz de reconstruir una unidad democrática elemental para instaurar el Estado de derecho y acabar con el miedo y la falta de libertad. El problema es de fondo porque no estamos sólo los concejales, estamos todos los amenazados. Hay una operación de depuración ideológica ante la que no cabe poner parches. Con el atentado a Eduardo Madina ETA ya nos ha hecho saber que está decidida a matar a cualquier afiliado nuestro, a cualquiera que huela a socialista o a PP. Quieren llevarnos al desguace', indica un concejal guipuzcoano del PSE-EE.

El clima que se respira en las casas de los ediles constitucionalistas, preferentemente en los medianos y pequeños municipios, donde la presión es muy superior a la de las capitales, ofrece, indistintamente, un orgulloso espíritu de rebeldía y un cuadro depresivo que, en ocasiones, alcanza a la familia. 'Acabo de volver del psiquiatra y no sé si es buen momento para hablar. La verdad es que no sé por dónde tirar, qué hacer con mi vida, con mi futuro, si tengo que buscar un trabajo fuera y llevarme a mi familia. Yo sí tengo cierto arrope de compañeros de corporación, pero éste ya no es asunto de paños calientes, de que te pongan más guardaespaldas o de que te den dinero. No, el miedo no se compra con dinero. El asunto es que o nos unimos todos los demócratas vascos o no hay nada que hacer', comenta un edil guipuzcoano.

Desde luego, su caso es particularmente agudo porque es un hombre al que ETA ha intentado matar, pero es verdad que cientos de militantes del PP y del PSE-EE se levantan y se acuestan con una sensación parecida, con la pregunta que les interpela machaconamente sobre su futuro. 'Todos los días, cuando me levanto por las mañanas y miro a mis hijas pequeñas dormidas me pregunto qué hago yo aquí metido en esta historia siniestra, si tengo derecho a vivir en peligro y arriesgar la seguridad y estabilidad de mi familia por unos ideales', indica un concejal del PP.

Con la división instalada en sus filas -hay municipios de 10.000 habitantes donde los socialistas han dejado de hablarse entre ellos, pese a padecer el mismo acoso-, el PSE-EE aparece como la pieza quizás más vulnerable de un tablero político vasco inestable, en la que casi todos los partidos guardan en su seno una crisis larvada. ¿Han querido matar a Madina por la predisposición de su víctima a aceptar las tesis del movimiento por la mediación Elkarri, cortar un posible movimiento socialista hacia el PNV? Es una conjetura sin base establecida. Se puede pensar que los asesinos actuaron el martes movidos por una cuestión de oportunidad, en vísperas de la reunión en Madrid del Pacto Antiterrorista, pero lo que sí se sabe a ciencia cierta es que ETA mata cuando puede y como puede, que está lanzada en una operación de depuración de los no nacionalistas y que no necesita conocer a sus víctimas para ejecutarlas.

Las manos criminales que adosaron la bomba lapa al coche del joven socialista vizcaíno no pensaron seguramente que con ello aseguraban el éxito de la reunión antiterrorista del día siguiente. Sea como fuere, el resultado de ese encuentro entre el PP y el PSOE es un compromiso de gran calado que prepara el terreno legal para la ilegalización de Batasuna. 'Es la culminación de una política del Gobierno dirigida a ilegalizar las estructuras de ese mundo. En la democracia española no puede existir una anomalía flagrante como Batasuna que dura ya 20 años', sostiene presidente del PP vasco, Jaime Mayor Oreja.

La cuestión es si el PNV, que rechaza el Pacto de Madrid, estará dispuesto a dar prioridad a la lucha contra ETA y a posponer su programa autodeterminista. Mayor no lo cree. 'Sólo creeré al nacionalismo cuando dé un paso auténtico. Por ejemplo: que le desengañe a Batasuna de que van a ir juntos en el futuro, que rompan con Udalbiltza, que rompan con Batasuna en los ayuntamientos'.

Tampoco Nicolás Redondo tiene demasiada confianza en un cambio de rumbo del PNV. 'Ibarretxe no ha renunciado a la unidad de los nacionalistas. Lo que quiere es aislar al PP y por eso está dispuesto a mantener una relación intensa con el PSE. No está por aceptar los pactos de Madrid porque tiene en Batasuna un electorado potencial'. Ramón Jaúregui, el presidente de la Gestora del PSE-EE que prepara su próximo congreso, cree, sin embargo, que hay un mayor margen de colaboración y acuerdo con el nacionalismo. A su juicio, la reunión del viernes es un primer ladrillo sobre el que 'construir, desde abajo, la unidad democrática'. A falta de un verdadero cielo protector, del arrope psicológico, político y social que aporta una estrategia unitaria, bien estará que los concejales vascos no nacionalistas dispongan al menos de un poco de ese 'suelo cívico' del que hablaba Ibarretxe.