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LA OFENSIVA CONTRA EL TERRORISMO

Una comisión de representantes de Interior y de los partidos estudiará reformas legales

Los partidos e instituciones reunidos ayer en Vitoria acordaron que, de forma inmediata, se constituya una comisión de seguridad encabezada por los números dos de los respectivos departamentos de Interior -el secretario de Estado, Pedro Morenés, y el viceconsejero, Mikel Legarda- y representantes de todas las formaciones democráticas que formule las modificaciones legales precisas para garantizar la seguridad de los concejales vascos. Entre estas medidas figura garantizar la confidencialidad de los bienes de los cargos públicos y demás personas amenazadas, tanto en el registro de intereses de los ayuntamientos como en los de la Propiedad y en el Mercantil. Igual protección se extenderá a los datos del Padrón.

Dicha comisión se ocupará también de todas las cuestiones de seguridad relativas a las viviendas, negocios y otros bienes de los concejales. Igualmente, se aprobarán ayudas a los partidos para que puedan garantizar la protección de sus sedes.

En materia de modificaciones legales, se trabajará en cambios de la Ley de Bases de Régimen Local que respalden 'las posibilidades que plantean las nuevas tecnologías y las medidas precisas para adaptar el funcionamiento ordinario a los requisitos de seguridad de cada municipio', según el acuerdo que enunció el lehendakari tras la reunión.

Voto ponderado

También estudiará la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para asegurar que se mantiene durante todo el mandato municipal, cuatrienal, la representación obtenida en las urnas por cada partido. Eso permitiría, por ejemplo, el uso del voto ponderado, es decir que un solo concejal pueda representar a la suma de todos los ediles logrados por su formación.

Se constituirán gestoras en aquellos municipios en que la amenaza de los violentos se traduzca en una pérdida de concejales que impida el buen funcionamiento del consistorio. A petición del PSE, se estudiará en concreto el caso de Zumarraga (Guipúzcoa), donde sólo siguen en su puesto nueve de los 17 ediles.

La comisión analizará también cómo mejorar la eficacia de la Ertzaintza en su lucha contra ETA y en defensa de los amenazados. En este apartado, se planteará la 'adaptación de sus efectivos', en clara referencia a la ampliación de la plantilla que demanda el Ejecutivo vasco, y la calificación de la policía autonómica como 'policía integral en todos los instrumentos operativos de información y coordinación existentes en el ámbito europeo'.

Finalmente, se abre una reflexión sobre cambios factibles en el Código Penal para perseguir a los responsables de amenazar a los concejales, y que los Ayuntamientos se puedan personar en las causas penales abiertas por denuncias de este tipo de hechos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de febrero de 2002