La UCE aplaude la multa a Endesa en Cataluña y pide al Consell que siga su ejemplo

La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE) considera 'ejemplar' la multa de seis millones de euros impuesta por el Gobierno catalán a la eléctrica Endesa por los apagones registrados el año pasado en aquella comunidad, y lamenta que el Ejecutivo valenciano no haya actuado con igual contundencia ante los constantes cortes que ha padecido la Comunidad en los últimos tiempos.

Según los consumidores, la postura adoptada por el Consell ante este problema revela una dejación tanto suya como de las compañías eléctricas en la realización de inversiones en las redes de distribución. Y van incluso más allá después que la patronal eléctrica haya amenazado con seguir con los cortes eléctricos si el Gobierno central no sube las tarifas de la luz. 'Es una burla a los consumidores', opina la UCE. 'Considerar el aumento de las tarifas como requisito para garantizar un suministro de calidad supone que ésta no es entendida como parte del servicio, sino que se convierte en un coste más para el bolsillo', agrega.

La UCE insiste en que el suministro eléctrico es un bien de primera necesidad y, por tanto, no pueden permitirse que este servicio se preste sin un estandar mínimo de calidad. La organización criticó a la Generalitat por restar importancia al problema y referirse a estos fallos en el servicio 'con el poco afortunado calificativo de microcortes'. Según la Unión de Consumidores, multas como las impuestas por la Generalitat catalana evitan que las eléctricas continuén con las interrupciones cada que el consumo se dispara.

Un año de apagones

Los cortes de fluido, que antes se daban sobre todo durante la campaña estival, se han ampliado al resto del año. Las quejas de empresarios y particulares no han movido, sin embargo, al Gobierno valenciano a penalizar a Iberdrola, hegemónica en la Comunidad, por estos fallos. Sólo la UCE registró el año pasado 1.525 consultas y reclamaciones de los valencianos relacionadas con los apagones, un 120% más que durante el 2000.

El Grupo Socialista en las Cortes Valencianas propuso incluso la imposición de multas de hasta tres millones de euros (500 millones de pesetas) cada vez que se produjeran fallos graves y precisó que las inversiones anunciadas por Iberdrola en la red no le eximía de la penalización económica.

Otra comunidad que ha reaccionado es Extremadura, que el pasado enero presentó un anteproyecto de ley donde se establecen multas de hasta tres millones de euros si el servicio se interrumpe injustificadamente más de tres minutos.

Los consumidores recuerdan que si bien las tarifas eléctricas se han rebajado un 6% en los dos últimos años, también los recibos incluían recargos impuestos por el Gobierno central a los consumidores para paliar los costes de la liberalización del sector energético, unos recursos que las eléctricas debían haber destinado a mejorar la red.