El ex subdelegado del Gobierno en Tarragona asegura que ha sido víctima de las mafias de la inmigración
'Se ha hecho justicia formal, pero no política ni humana ni social', aseguró ayer el ex subdelegado del Gobierno en Tarragona Raúl Navarro tras conocer el auto de archivo de la causa contra él abierta en el Juzgado de Instrucción número 9 Tarragona. Navarro estaba imputado por su supuesta implicación en la tramitación de papeles de residencia a mujeres provenientes de los países del Este a cambio de favores sexuales. El ex subdelegado atribuyó el caso a un 'montaje' de las mafias que trafican con inmigrantes y recordó que ha sido el subdelegado que más ha luchado contra estas organizaciones delictivas.
Tras una instrucción judicial que ha durado seis meses y por la cual se vio obligado a dimitir, Navarro arremetió ayer contra los procedimientos de la justicia y el tratamiento de las causas judiciales en la prensa, y aseguró que continúa al servicio del Partido Popular, en el que milita, aunque, en un acto de resentimiento, recordó: 'La vida política es una opción. Si me propusieran para algún cargo, lo pensaría'.
Navarro compareció ante la prensa acompañado de su abogado, Albert Vallvé, concejal en el Ayuntamiento de Tarragona y presidente de la intercomarcal de UDC, y como único respaldo de su partido se presentó Joan Vallvé, ex concejal de la formación conservadora en Tarragona. Posteriormente, en diversos comunicados, los populares manifestaron su satisfacción por el archivo de las diligencias abiertas contra Navarro y contra el concejal del PP en Salou Alberto del Hierro. Ambos fueron acusados por tres inmigrantes rusas de haberlas coaccionado para mantener relaciones sexuales a cambio de permisos de residencia. Las tres aseguraron que los hechos sucedieron en el centro de masajes Irisha de Salou. Ahora, Navarro estudia emprender acciones judiciales contra ellas.
El ex subdelegado del Gobierno estuvo comedido ayer en sus declaraciones. No arremetió de forma rotunda contra la fiscalía y dejó que fuera su abogado el que cuestionara la figura del imputado en un proceso judicial. 'Algunos jueces consideran que es [la imputación] una garantía. Me gustaría saber de qué es garantía cuando la inculpación conduce a un juicio paralelo', señaló Vallvé.
En cambio, Navarro sí tuvo palabras amargas para la actuación de los agentes de la policía judicial de la Guardia Civil -'algunos de cuyos miembros no tendrían que permanecer en ese cuerpo', aseguró-, pero se blindó en las críticas a la fiscalía o a la Delegación del Gobierno que encabeza Julia García-Valdecasas, que forzó su dimisión. Más rotundo fue sobre el tratamiento de su caso en los medios de comunicación, a los que instó a realizar un debate sobre ética profesional.
Navarro, tras asegurar que se reserva el derecho a emprender acciones judiciales contra diversos medios, dijo sentirse apoyado por su partido.
