Educación dará becas para niños menores de tres años que vayan a guarderías privadas

Las familias que no encuentren plaza en una escuela infantil pública para sus hijos menores de tres años podrán optar a una beca de hasta 25.000 pesetas mensuales el próximo curso. Lo anunció ayer en la Asamblea el consejero de Educación, Carlos Mayor Oreja, quien espera que unos 5.000 niños se beneficien de estas ayudas. PSOE e IU tacharon la medida de 'populista' e instaron al Gobierno a habilitar el equivalente a esas plazas en la red pública. Además, la Cámara vivió ayer un nuevo enfrentamiento entre Ejecutivo y oposición por los precios de las residencias para discapacitados.

Todos los años, unos 6.000 niños, según la Consejería de Educación, y 13.000, según los propios directores de estos centros, se quedan sin una de las codiciadas vacantes en el primer ciclo de infantil (entre cero y tres años), un nivel educativo que no es obligatorio. Para paliar esta situación, la Consejería de Educación destinará el próximo curso seis millones de euros (1.000 millones de pesetas) para dar becas a las familias que tengan que llevar a sus hijos a un centro privado al no encontrar plaza en el sistema público (que oscila entre la gratuidad y las 18.000 pesetas mensuales, sin contar el comedor).

Las becas serán de 15.000, 20.000 o 25.000 pesetas mensuales y se abonarán a las familias de forma trimestral. Educación debe determinar aún el nivel de renta máximo con el que se podrá optar a una de estas ayudas. Mayor, que calcula que 5.000 niños se podrán beneficiar de las becas, dijo que se trata de 'una medida, complementaria y no sustitutiva de la nueva creación de plazas públicas, que pretende potenciar la elección de centros por parte de las familias'.

Pero PSOE e IU recordaron al consejero que una moción aprobada por la Cámara el pasado febrero insta a la Comunidad a atender en dos años al 20% de los 156.000 menores de tres años de la región. Actualmente, el sistema público ofrece 21.000 vacantes, por lo que la consejería debería garantizar la educación de unos 10.000 niños más en el curso 2003-2004. Educación prevé construir en ese periodo 32 escuelas de educación infantil y 27 casas de niños, lo que supone crear sólo 4.300 plazas públicas.

La socialista Miryam Álvarez anunció una proposición no de ley para crear una comisión parlamentaria que haga un seguimiento de la política de becas. Álvarez criticó además la decisión de Educación de que 36 escuelas infantiles dejen de ofrecer el segundo ciclo (entre tres y seis años) para reconvertir unas 800 plazas en vacantes para niños menores de tres años. 'Los centros de primaria no están preparados para recibir a niños de entre tres y seis años: ni sus patios ni las aulas lo están', dijo la diputada.

'Chiringueo'

Franco González (IU) fue más lejos: 'Ya es hora de que el Gobierno del PP acabe con el chiringueo que se trae con las plazas de infantil. Primero da subvenciones a guarderías de la Iglesia [900 euros para ocho centros] y ahora pretende desviar a los alumnos de centros públicos a los privados, que no están tan preparados. Las becas son tan sólo una medida populista', remató.

Por otra parte, las políticas de atención a discapacitados psíquicos volvieron a ser ayer motivo de enfrentamiento entre Gobierno y oposición. Caridad García, de IU, calificó el Plan de Acción para Personas con Discapacidad de 'panfleto propagandístico' porque en los últimos tres años 'la Comunidad ha presupuestado para este proyecto 18.000 millones de pesetas menos de los que prometió'. La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, replicó que 'el 70% del plan está cumplido y el 30% restante se pondrá en marcha este año'.

Pero cuando los ánimos se caldearon fue al tocarse el tema de los nuevos precios de los centros públicos de atención a disminuidos psíquicos, pactados hace un año por Servicios Sociales y las asociaciones de discapacitados. El nuevo sistema tiene en cuenta la renta per cápita familiar. El rifirrafe comenzó cuando Martínez preguntó a la oposición por qué 'cuando ellos gobernaban' no dedicaban más dinero a la discapacidad, y echó en cara a IU que 'critique el nuevo sistema en Madrid cuando en el País Vasco [donde tiene una consejería, la de Servicios Sociales] está haciendo lo mismo'. Estas palabras merecieron abucheos de la oposición y de los padres de disminuidos desde el palco de invitados.

Las nuevas tarifas, que afectan a 3.722 usuarios de residencias y centros de día y a 4.082 de centros ocupacionales, son rechazadas por 1.400 familias que tenían a sus hijos en centros públicos y que, en la mayoría de los casos, no pagaban nada. Martínez aseguró que, con este sistema, de las 2.518 familias a las que se les ha valorado la documentación, 'el 71,78% no va a pagar nada por ir a centros'. 'Entre el 28% restante hay familias con rentas de un millón al mes. ¿Es justo que no paguen nada cuando además su hijos perciben una pensión?', planteó.