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El PSOE pide en el Congreso el relevo del presidente del Foro de la Inmigración

Mikel Azurmendi se ratifica en las afirmaciones que hizo ante el Senado

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a destituir "de inmediato" a Mikel Azurmendi como presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. También pide al Ministerio del Interior la apertura de un proceso de consultas con partidos, sindicatos y ONG para alcanzar "el más amplio consenso" en torno a su sucesor.

Azurmendi declaró ayer a la agencia Europa Press que mantiene la frase que pronunció el pasado martes ante el Senado: "El multiculturalismo es una gangrena para la sociedad". Explicó que este fenómeno, que se ha producido y se produce en países como Estados Unidos, Holanda o Suráfrica, consiste en que en un Estado de derecho coexisten con una sociedad democrática otras culturas no necesariamente democráticas y sin estar relacionadas con ésta. A juicio de Azurmendi, según señaló a la agencia, supone la existencia de conductas masivas de personas que no respetan la igualdad jurídica y mantienen desigualdad y discriminación entre sus miembros.

En su proposición no de ley, el PSOE argumenta que "los meses transcurridos desde el nombramiento del señor Azurmendi han puesto de manifiesto lo desacertado de su elección como presidente del Foro". Califica de "lamentable" el desarrollo de su comparecencia ante la comisión especial de Inmigración del Senado, el martes pasado: "Ofreció una catarata de improvisaciones, en una comparecencia inconexa y caótica en la que no llegó a trasladar objetivos precisos de su presidencia, y en la que prefirió publicitar sus trabajos editoriales, al tiempo que se lamentaba de manera reiterada de no haber percibido todavía la remuneración de sus gastos de viajes y estancia, llegando incluso a solicitar el concurso de los senadores presentes para conseguir tal fin".

El grupo socialista señala que, "más allá de lo sorprendente de estas y otras afirmaciones, lo realmente preocupante es que la comparecencia confirmó que la vocación del señor Azurmendi se inclina más por la polémica y la provocación intelectual, respetable desde el punto de vista de la libertad de pensamiento, pero radicalmente desaconsejable para dirigir un órgano que requiere de vocación de acuerdo y consenso entre sus miembros y cuyas funciones permanecen paralizadas".

El PSOE insiste en que su proposición no enjuicia las opiniones de Azurmendi, "sino su absoluta falta de idoneidad" para presidir el Foro. "Entendemos que sus actitudes y su carácter condenarán a dicho órgano a la más completa inactividad, en un momento en que precisamos de sus aportaciones y trabajo para poner en marcha una política de inmigración de la que hoy España carece por completo".

La petición del grupo socialista se produce un día después de que UGT rechazara un comunicado emitido desde la comisión permanente del Foro en el que se expresaba el apoyo de este organismo, del que el sindicato forma parte, hacia su presidente, Mikel Azurmendi, tras las peticiones de dimisión manifestadas en los días anteriores por partidos políticos y ONG. UGT afirmó que el documento fue emitido sin "ni tan siquiera [su] conocimiento". "Consideramos vulnerado nuestro derecho a participar de manera efectiva en las decisiones de este órgano", expresó en una nota de prensa.

Protestas por la situación en Canarias

El Gobierno de Canarias, Convergència i Unió (CiU) y la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) exigieron ayer al Gobierno que corrija los hechos denunciados por la organización internacional Human Rights Watch (HRW) en su informe sobre el trato que reciben los inmigrantes africanos que llegan a las islas Canarias, que ayer adelantó EL PAÍS. El portavoz de Asuntos Sociales de CiU, Carles Campuzano, instó al Gobierno a dar explicaciones y tomar medidas ante el informe de la "prestigiosa" organización, y anunció que estudia pedir la comparecencia parlamentaria del delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda. El consejero de Empleo y Asuntos Sociales de Canarias, Marcial Morales, declaró a la agencia Efe que "el silencio del Gobierno" ante el informe supone "un reconocimiento expreso" de los hechos que denuncia. "Si la Secretaría de Estado para la Extranjería y la Delegación del Gobierno en Canarias no se pronuncian, habrán dado la última vuelta de tuerca de su indignidad", afirmó. En una respuesta parlamentaria al PSOE publicada ayer, el Ejecutivo afirma que los centros de internamiento para inmigrantes irregulares de Canarias "cubren de forma digna las necesidades básicas de las personas alojadas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de febrero de 2002

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