Una presa de Soto ve su recurso de apelación por videoconferencia

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid utilizó ayer el sistema de videoconferencia para juzgar la apelación a la sentencia condenatoria de la ecuatoriana Felicitas Melva Cañar Camacho, que cumple 17 años de reclusión en la prisión de Soto del Real por matar a su hija, recién nacida, en el parque del Retiro. La mujer alumbró en noviembre de 2000 a la niña entre unos arbustos del parque del Retiro y allí mismo le cortó el cordón umbilical. Después introdujo al bebé en dos bolsas y lo abandonó entre unos matojos, según la sentencia. La policía encontró su cadáver desangrado al día siguiente.

La mujer asistió a la vista de ayer a través de la pantalla de una televisión, en el extremo de la sala. En la parte inferior de la pantalla, un recuadro remarcaba a jueces y letrados como si esa imagen recuadrada fuese la que Melva recibía en una pequeña habitación de la cárcel de Soto del Real. La decisión de utilizar este sistema se produce después de que el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, enviara una instrucción a todas las fiscalías de España en la que recuerda que en el sistema legislativo español 'no cabe la celebración de juicios orales en materia penal a través de videoconferencia'. Según fuentes de la fiscalía, el escrito puede referirse a que en algunos tribunales ya se ha usado la videoconferencia para aportación de pruebas en juicios penales.

Los magistrados del Tribunal Superior de Madrid utilizaron la videoconferencia para celebrar la apelación porque, aplicando la Ley del Jurado, el acusado sólo debe tener conocimiento de lo que sucede en la sala, pero nunca declarar ni participar en el juicio. Por eso nadie interpeló a la condenada. Sólo, de cuando en cuando, los magistrados preguntaban a Felicitas Melva Cañar si recibía con claridad el sonido y la imagen que le llegaba.

En la apelación al caso de Melva, la letrada María Luz Bleda sostuvo ante la sala que su defendida no contó en el juicio con el testimonio de un psicólogo especializado en migraciones, al considerar el fiscal que su declaración podría ser 'parcial'.