El atestado policial de los incidentes en el Rectorado incluye a seis sospechosos más

El pasado jueves quince personas entraron en la oficina del Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla como imputados por los presuntos delitos cometidos el pasado día 8, cuando un grupo de gente entró por la fuerza en el Rectorado de la Universidad de Sevilla Pero la lista que figura en los atestados elaborados por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía es más amplía, en concreto, figuran seis nombres más.

La juez encargada del caso, Pilar Llorente, ordenó la libertad sin fianza para los 15 detenidos, pero, ahora, parece que la responsable de la investigación está interesada en hablar con los otros integrantes de la lista, según sostienen fuentes judiciales citadas por las agencias.

La presunta responsabilidad de unos y otros en los presuntos delitos (desorden público, daños al patrimonio histórico-artístico y agresión) es muy diferente. Así, desde la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla se aseguraba que había pruebas contundentes contra cuatro de los detenidos.

Petición de cárcel

Aún así, el fiscal pidió prisión preventiva para todos los detenidos, pero haciendo una lectura diferente de los hechos. Esa rigurosa petición perseguía que el juicio y, por lo tanto, el caso se viera en un plazo máximo de dos semanas. La juez ordenó la libertad con cargos, por lo que estas personas serán presuntos delincuentes hasta que se celebre la vista sobre su caso, lo más probable que dentro de varios meses.

Además, de entre los 15 detenidos, siete se entregaron de manera voluntaria. Fuentes cercanas al caso aseguraban ayer que el hecho de que la lista contenga más nombres de los que acabaron privados de libertad y testificando ante la juez, no significa necesariamente que haya más imputaciones.

Las mismas fuentes también aseguran que algunas de las personas que, a su juicio, participaron con mayor intensidad en los incidentes, permanecen en paradero desconocido, aunque, siempre según las mismas fuentes, no serían más de tres.

El avance en la solución de este caso depende ahora casi en su totalidad de la juez Llorente, ya que el trabajo policial acabó con la identificación de los participantes en los accidentes y la posterior detención de algunos de ellos.