La fiscal pide 10 años de cárcel para un ex alto cargo regional por estafa

‘Las certificaciones no fueron supervisadas, al igual que el resto de las gestionadas por la consejería, porque jamás se nos pasó por la cabeza que se podía cometer una estafa’. Así se explicó ayer ante los jueces quien en 1990 era director general de Proyectos y Obras de la Comunidad, Ramón Valls Navascués, procesado junto con otros dos ex funcionarios y dos directivos de la empresa constructora Atocha. La Audiencia les juzga por la presunta estafa cometida en la adjudicación de tres obras en 1990 por el Gobierno regional (entonces gobernado por el PSOE), que abonó a dicha empresa 89 millones de pesetas por la compra de materiales de obra que ‘en realidad no existían’, según la fiscal, que pide para el ex director general una pena de 10 años de cárcel.

Además de Valls Navascués, están acusados los arquitectos Eduardo de Antonio González y Carlos Collado Arranz; José Rey Patiño, consejero delegado de Construcciones Atocha, y Dionisio Silla de la Cruz, representante de la sociedad.

Los hechos juzgados se apoyan en la querella presentada por la Compañía de Seguros Albia SA (hoy Saint Paul Insurance España), con la que Atocha aseguró los avales del importe de la compra del material, que resultó ser 'inexistente'. Con ellos se construirían un centro de Salud en Villarejo de Salvanés y dos escuelas infantiles, en Getafe y Leganés. Pero, aunque la Comunidad no investigó si realmente existían los materiales, sí abonó su importe. Cuando la Administración quiso recuperar el dinero, la aseguradora se negó a pagar y presentó una querella.

Valls explicó ante los jueces que, en los 10 años que desempeñó el cargo, su oficina gestionó unos 860 proyectos, que suponen 15.000 certificaciones y unos 150 acopios mensuales. ‘No podíamos comprobarlo todo; además, la Administración jamás ha ido a las obras a ver si las adjudicaciones eran correctas’, matizó. Jorge Manrique, abogado de la empresa Atocha, sostiene que todo es una ‘historia inventada por la aseguradora para no pagar a la Comunidad y apoyada por el PP, que entonces estaba en la oposición’. Pero la fiscal pide para los acusados penas de 7 a 10 años de cárcel por los delitos de falsedad documental y estafa.