Una fábrica en el salón

Los 19 vecinos de un edificio de viviendas de la localidad vizcaína de Zaratamo oyen con dificultad por efecto del ruido constante que emite la planta Outokumpu Copper Tubes S.A., la más importante de España en la fabricación de tubos de cobre.

El elevado nivel de ruido, el doble del autorizado, ha convertido sus vidas en un infierno: los residentes apenas duermen, tienen problemas estomacales, de estrés y audición reconocidos en distintos informes médicos. La producción en los pabellones, situados a sólo cinco metros del inmueble, genera fuertes vibraciones que abren grietas en las paredes de las viviendas y les obligan a convivir con puertas desencajadas y vajillas que se agitan solas.

Zaratamo es un municipio de 1.600 habitantes que ha preservado intacta la tranquilidad frente al crecimiento brutal y desordenado de la localidad limítrofe de Basauri. Y, sin embargo, la televisión suena a todo volumen en las seis viviendas del bloque número seis del barrio de Arcocha. Sólo así sus residentes pueden escuchar un sonido distinto al estruendo que genera Outokumpu Copper Products, una empresa con 440 trabajadores que facturó hace dos años los 108,4 millones de euros (18.000 millones de pesetas). Un informe realizado el pasado mes de marzo por el Instituto Tecnológico Labein a instancias del Gobierno vasco evidenció que estos hogares sufren el azote continuo de hasta 90 decibelios ponderados de sonido, más del doble del tope autorizado.

María José López Zamora, riojana de 44 años, lleva 24 viviendo en este edificio de tres plantas: 'Es algo terrible. A mí el oído derecho me va cada vez peor. A mi hijo mayor le han hecho una audiometría en el trabajo y le han mandado al otorrino. Mi hija la pequeña, de 6 años, tiene que dormir conmigo porque los ruidos le asustan'. La casa perdió la calma hace treinta años, cuando el grupo finlandés Outokumpu amplió las instalaciones de la nueva factoría en Zaratamo. De la noche a la mañana, este bloque construido hace casi un siglo se encontró literalmente introducido en el interior de una fábrica, al servir su fachada trasera como cierre a esta industria. El Ayuntamiento vulneró al autorizar las obras el reglamento de actividades molestas, que obliga a situar las industrias a un mínimo de 2.000 metros de las zonas residenciales.

Los administradores de esta comunidad, Teodoro Oliva y Begoña Chavero, compraron hace nueve años un piso de unos 55 metros cuadrados en el edificio. 'Ruido hemos tenido siempre, pero no con las vibraciones que hay ahora', señala Begoña, auxiliar de clínica de 35 años, que sufre problemas auditivos y estomacales. Dice que muchas noches se despierta con vómitos. Y eso si logra conciliar el sueño, porque el insomnio en una constante en toda la escalera. 'Cuando lo sufres semana tras semana, acaba afectándote al carácter y a todo lo demás'.

Los residentes en este bloque han aprendido a colocar a cierta distancia las copas en el interior de sus vitrinas para evitar el molesto tintineo provocado por las vibraciones de la factoría. Pero no logran acostumbrarse a las grietas que proliferan en sus paredes, a las puertas desencajadas por efecto de las sacudidas, a las persianas que se atascan o al rodapiés que se desplaza.

Un estudio realizado por el Gobierno vasco ha demostrado que la casa no corre riesgo de derrumbe, pero esto no tranquiliza a los vecinos. El pasado verano, un trozo del cielo raso del techo de la sala de una de las viviendas se vino abajo. Ninguno de los afectados ha recibido nunca compensación económica alguna por las molestias causados por la fábrica. En marzo de 1998, los vecinos presentaron en el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao una querella criminal contra el Ayuntamiento y el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. La denuncia constituyó su primera acción conjunta en defensa de su calidad de vida. El juez no percibió un peligro grave para el entorno y archivó las diligencias, si bien -según el auto fechado el 2 de marzo de 1999- reconoció la 'posible dejación del Ayuntamiento de Zaratamo en la persecución administrativa de este tipo de conductas'.

En septiembre de 1998, el colectivo denunció al consistorio y a la empresa ante el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Como respuesta, el Ejecutivo autónomo dio al Ayuntamiento un plazo de tres meses para que obligara a Outokumpu a reducir sus ruidos, pero el requerimiento fue en vano.