Familias de la tercera vía

Ana Ruth Arias y Alejandro Zarzo forman una pareja de hecho químicamente pura. Viven juntos desde 1987, sin papeles por medio, por la que creen la mejor de las razones: porque sí. Y ni siquiera tener dos hijas, hoy de nueve y seis años, les hace cambiar de opinión. Seguirán sin regularizar su relación ante ningún registro (mucho menos ante un cura), no ya por rechazo ideológico, sino porque no ven la necesidad. Si alguna vez hallan un beneficio para su familia, tal vez se planteen casarse por lo civil. La vía intermedia, inscribirse en un registro de parejas de hecho (y convertirse así en pareja de derecho), les parece absurda. Sólo la entienden para el caso de los homosexuales, a los que la ley impide casarse.

A falta de una ley nacional de parejas de hecho, diversas comunidades autónomas han comenzado a legislar por su cuenta, sin que exista siquiera unanimidad en la terminología

La regulación de las parejas de hecho supone cierta discriminación para los matrimonios en el caso de ruptura. Para los primeros basta con que se den de baja

Sólo la ley navarra permite la adopción a parejas homosexuales, lo que ha llevado al Gobierno a plantear recurso ante el Tribunal Constitucional

Beatriz y Boty definen su vida como 'perfectamente rutinaria, incluso vulgar, reglada por los ritos cotidianos, como la de cualquier familia convencional'

Carmelo y Anna se inscribieron en el registro de parejas de hecho de Madrid 'por la conveniencia de apoyar legalmente la decisión de vivir juntos'

Precisamente han sido las organizaciones de gays y lesbianas las que, de forma paralela a la multiplicación de salidas del armario, han planteado la necesidad de regular las parejas de hecho, ya sean hetero u homosexuales, como primer paso hacia el pleno reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, con los mismos derechos y deberes que el tradicional.

Aún más, han conseguido elevar la cuestión al primer plano del debate político. Gobierno y oposición se han tirado más de una vez los trastos a la cabeza en el Parlamento. Con gran probabilidad volverán a hacerlo en el actual periodo de sesiones, con proyectos que únicamente abonarán el terreno para la siguiente batalla. La guerra sólo terminará cuando Juani y Pepa, o Enrique y Alberto, puedan ir al registro civil, como desde el año pasado hacen ya miles de holandesas y holandeses, y salir a la calle, entre una lluvia de arroz, como recién casados.

Entre tanto, y a falta de una ley nacional, diversas comunidades autónomas han comenzado a legislar por su cuenta, sin que exista siquiera unanimidad en la terminología. La pionera fue Cataluña, en julio de 1998. Regulaba las 'uniones estables de parejas', sin necesidad de que éstas se inscribieran en un registro. Le siguió Aragón, en marzo de 1999, con una ley sobre 'parejas estables no casadas' que exigía a quien quisiera acogerse a ella que acudiese al registro de la Diputación General. En julio de 2000 llegó Navarra, con su ley foral 'para la igualdad jurídica de las parejas estables', que no exige acudir a un registro.

En abril de 2001 le tocó el turno a la Comunidad Valenciana (la primera del PP), con la ley foral 'por la que se regulan las uniones de hecho'. Sólo se aplica a quien se inscriba en un registro especial, creado años antes, cuando los socialistas estaban en el poder. El mismo caso que en Madrid, cuya Asamblea aprobó el pasado diciembre su propia 'ley de uniones de hecho'. Ese mismo mes, el Parlament balear votaba la 'ley de parejas estables'. También obliga a registrarse.

Lista de espera

En lista de espera se encuentran ya Asturias, Andalucía y el País Vasco. Pronto serán clara mayoría las comunidades con legislaciones propias sobre parejas de hecho, con independencia en ocasiones de la voluntad de sus integrantes de serlo o no serlo. Para completar el panorama, centenares, si no miles, de ayuntamientos han creado sus propios registros locales, sin relación con las leyes autonómicas.

Las regiones legislan mucho o poco, según los casos, y establecen requisitos diferentes. Por ejemplo, sobre el régimen sucesorio y fiscal. Normalmente se concede a las parejas de hecho los mismos beneficios que a los matrimonios en lo que se refiere a la función pública regional. Comunidades históricas con fueros especiales (como Navarra o Cataluña) tienen más margen de maniobra para legislar sobre la familia.

En Cataluña hay capítulos separados para las 'parejas estables no casadas' homosexuales y heterosexuales. Ambas se legalizan cuando existe 'convivencia marital' por un periodo de al menos dos años, por encima incluso de la voluntad de sus integrantes, y tienen importantes consecuencias legales. Por ejemplo, en los casos de sucesión sin testamento, el cónyuge superviviente es heredero forzoso, pero sólo en parejas homosexuales. Una peculiaridad que pasma a Luis Zarraluqui, presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia.

A veces se regula la adopción, a veces no, y cuando es que sí, se reserva ese derecho a las parejas heterosexuales. Excepto en la ley navarra, que también lo permite a las homosexuales, lo que ha llevado al Gobierno a plantear recurso ante el Tribunal Constitucional.En la práctica, las barreras legales se saltan muy fácilmente. 'Se nos impide adoptar como parejas, pero no como solteros', afirma Beatriz Gimeno, secretaria general de la Federación Estatal de Lesbianas y Gays. 'Además, la legislación española sobre reproducción asistida es la más liberal del mundo, lo que ha provocado un auténtico baby boom lésbico. Cualquier mujer puede ir a una clínica especializada y pedir que la inseminen. Nadie le va a preguntar si es lesbiana. Basta con pagar, en torno a los 178 euros por intento'.

Los juristas ven con estupefacción la ristra de leyes autonómicas. Zarraluqui indica que puede darse el caso de un litigio entre los integrantes de una pareja de hecho en el que se puedan aplicar hasta cuatro leyes autonómicas. 'Basta', dice, 'con que uno sea vecino civil de Cataluña, pero con residencia en Navarra, y que su pareja tenga vecindad civil aragonesa y esté empadronado en Valencia'. Los problemas, añade, se dan, por supuesto, en caso de disolución, 'ya sea por ruptura o por muerte', porque 'mientras todo va bien, a nadie le importa qué ley se le pueda aplicar'.

En su opinión, 'debe haber un criterio claro, que no dependa de lo que decida el juez de turno'. Lo peor de este marasmo legislativo, añade, es la 'inseguridad jurídica' que provoca. Y también que, con el propósito de favorecer formas de vida diferentes a la del matrimonio, se vaya contra la voluntad y libertad de los ciudadanos. Para evitar conflictos, opina, lo más razonable sería 'convalidar y dar eficacia a los pactos. Que una pareja decida, y así lo registre, que los gastos comunes se pagan de una determinada manera, la posibilidad de una pensión en caso de separación, que se estipule sobre el derecho a permanecer o no en el domicilio común. Pero sin imposiciones. Si hay personas que se quieren unir sin ninguna atadura, ¿por qué impedírselo?'.

Como Zarraluqui, María Teresa Bendito, profesora titular de Derecho Civil en la UNED y directora de un curso de enseñanza abierta sobre Parejas de Hecho en el Derecho Español, resalta que puede darse la paradoja de que haya 17 leyes autonómicas sin una ley general, y sin una norma de conflictos o una ley armonizadora para determinar qué legislación autonómica se aplica cuando la vecindad civil de los miembros de la pareja sea diferente. 'Esa necesidad', precisa, 'se la planteé a los partidos en un programa de televisión de la UNED, pero ninguno se mojó, como si aún no estuviera la situación políticamente madura'.

Bendito hace notar que, tras las últimas leyes autonómicas, quizá ya no se puede decir que una pareja de hecho es sustancialmente diferente de un matrimonio. Además de la afectio maritalis, de la convivencia de forma pública, notoria, estable y permanente, se exige la inscripción en un registro. Tanto si son homosexuales como heterosexuales, ya no se trata de parejas de hecho, sino de derecho. 'Se va primando el principio de seguridad jurídica', asegura, 'pero se roza lo que supone la inscripción de un matrimonio en el registro civil. Existe el peligro de que terminemos llamando de forma diferente a cosas que son iguales'.

Fidelidad

Pedro Zerolo, abogado y presidente de la Federación Estatal de Lesbianas y Gays, apunta diferencias. 'Por ejemplo', señala, 'si te casas asumes el deber de la fidelidad, y la falta de ésta puede alegarse como causa de divorcio, lo que no ocurre en las parejas de hecho'. María Teresa Bendito pone el acento en que la regulación de las parejas de hecho supone, paradójicamente, cierta discriminación para los matrimonios: 'Como a la hora de la ruptura. Para disolver un matrimonio tienes que ir a un abogado, alegar una causa, seguir un procedimiento, gastar dinero, esperar un año para iniciar la primera demanda de separación y luego seguir hasta el divorcio. En las parejas de hecho, la relación se deshace muy fácilmente. Los inscritos, basta con que se den de baja'.

Según Zerolo, al final de este largo camino, abierto por la reivindicación de igualdad convertida en estandarte de batalla por él y muchos como él, habrá tres tipos de uniones: la matrimonial (tanto de heterosexuales como de homosexuales), la libre y la de hecho, regulada por leyes estatales y autonómicas. No es que estas últimas le entusiasmen, pero reconoce que 'políticamente han servido y siguen sirviendo, y han contribuido a cambiar la mentalidad de la sociedad'. La discriminación de los homosexuales persiste, añade, pero 'en pocos años hemos pasado de que se considerase tener un vecino gay como una desgracia a que sea políticamente incorrecto meterse con nosotros'.La ley madrileña exige la inscripción en el registro autonómico de uniones de hecho para que pueda ser aplicada. Algo que trae sin cuidado a Ana y Alejandro, que no le dan muchas vueltas al tema, aunque comenten medio en broma: 'A ver si nos hacen una buena oferta'. Para que les merezca la pena casarse, se entiende. Ana, experta en informática, de 43 años, que trabaja en una empresa privada, y Alejandro, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, de 42, no se sienten presionados para que su relación alcance reconocimiento legal. Alejandro, además, muestra una alergia notable a permitir que un juez o un cura le diga si está casado o no. Con un cuarto de siglo de democracia y 20 años de ley de divorcio por detrás, su opción familiar apenas si constituye ya desafío social alguno. Tampoco fue traumático hace 14 años, cuando decidieron irse a vivir juntos, aunque Ana reconoce que en su León natal, y en su ambiente familiar conservador, no habría sido tan sencillo.

Las niñas han asumido con automatismo que sus padres no están casados. Nada llamativo cuando en su misma clase hay hijos de divorciados. La mayor preguntó un día, su madre se lo explicó, ella dijo '¡ah!' y cambió de tema.

Nadie pone en duda que son una familia, una condición que, por si hiciese falta, marcó la compra pro indiviso de un piso, lo que supone que ninguno de ellos puede vender su parte sin consentimiento del otro. A quien sí que se les discute, ¡y cómo!, es a Miguel Ángel Fernández y Tony Poveda, ambos de 33 años, residentes en Valencia, gerente el primero de la Coordinadora de Lucha contra el Sida de la Comunidad Valenciana, trabajador el segundo en la factoría de la Ford en Almusafes. Gays, por supuesto. Y a mucha honra. Tanto, que quieren formalizar su relación. Y no ya inscribiéndose en el registro autonómico de parejas de hecho, sino mediante un matrimonio civil. Lo del canónico ni se lo plantean. Ahí toparían con la Iglesia, como ahora topan con el Gobierno del Partido Popular. No desesperan de que esta última barrera termine por caer, aunque dudan de que vaya a ocurrir mientras la derecha conserve su mayoría absoluta en el Parlamento.

Frente a la discriminación

'Hace falta mucha autoestima, mucha bravura y temperamento, mucho orgullo gay para hacer frente a la discriminación', asegura Miguel Ángel, que señala que él y su pareja, que llevan 13 años viviendo juntos, se impusieron el deber de no mostrarse nunca débiles o como si tuvieran algo que ocultar. Antes al contrario, no tienen reparo en caminar de la mano por la calle o en besarse en público. Nunca han sido víctimas de agresiones, pero sí han visto cómo las sufrían otros homosexuales. Ellos lo tienen muy claro: la suya es una historia de amor que debe acabar en boda. Empezó cuando ambos tenían 15 años y estudiaban primero de BUP. Aquello sí que fue duro. Tanto, que lo tuvieron que dejar. No reanudaron su relación hasta que tuvieron 20 años.

Su plan consiste en acudir dentro de unos días al registro civil e iniciar los trámites para casarse. Si se les deniega su petición, recurrirán a los tribunales, hasta llegar al Constitucional. La ley de leyes dispone en su artículo 32 que 'el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica'. No señala expresamente que los contrayentes deban ser un hombre y una mujer, pero Miguel Ángel y Tony son conscientes de que la batalla legal está perdida y que su acción tiene sobre todo un valor de desafío. O todo o nada. Ésa es su apuesta. Por eso no se han inscrito en el registro regional. 'Si no nos casamos', apunta Miguel Ángel, 'seguiremos siendo una unión libre'.

En cambio, Beatriz Gimeno, de 39 años, y Boty García Rodrigo, de 56, que llevan viviendo juntas desde hace más de siete años, se inscribieron en el registro autonómico de Madrid hace cuatro 'por si las moscas', es decir, por si hay avances legislativos que favorezcan a las parejas de hecho, antes incluso de que se haga realidad la reivindicación más básica de gays y lesbianas: el matrimonio civil entre homosexuales. Ambas se dicen 'rabiosas' con la actual situación, consideran un insulto las leyes valenciana y madrileña y exigen la igualdad. 'Aunque luego decidamos no casarnos', remachan.

Viven su relación abiertamente y con orgullo. Como Beatriz, Boty está en la vanguardia de la lucha por la igualdad. Preside el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid. Esa militancia les produce una sensación de agotamiento que les ha llevado a decidir que no volverán a hablar en público sobre su vida privada, que definen como 'perfectamente rutinaria, incluso vulgar, reglada por los ritmos cotidianos, como la de cualquier familia convencional', y marcada en buena medida por el hecho de que vive con ellas el hijo de 13 años de Beatriz, que mantiene una buena relación con su padre y se comporta como si tuviese dos madres, lo que se acerca bastante a la realidad.

Miguel Ángel Fernández y Tony Poveda no quieren inscribirse, aunque podrían. Pero también se produce el caso contrario: el de quienes quieren, pero no pueden. Porque no hay ley reguladora en su comunidad autónoma o porque no hay registro municipal en su localidad de residencia. En algún caso, el anhelo de tener algún tipo de legitimación se resuelve suscribiendo una declaración de convivencia ante un notario.

Marta Díaz, psicóloga y profesora de Modificación de la Conducta en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), asegura que, desde un punto de vista clínico, todavía se producen en España numerosos conflictos en las parejas de hecho que tienen su origen en que uno de los dos convivientes quiere legalizar la relación (casi siempre la mujer) y el otro no. Las principales consecuencias negativas son el sentimiento de inseguridad, la baja autoestima, el miedo al rechazo, el temor a la pérdida del otro y los celos. 'Lo deseable', señala, 'es que todo el mundo sea tolerante'. Pero la tolerancia no es moneda que circule tanto como el euro. 'Que exista una regularización que no se llame matrimonio', añade, 'puede suponer un avance social y de ajuste psicológico'.

Vía intermedia

Otra psicóloga, María Victoria Martín, que trabaja en un colegio público de Hoyo de Manzanares (Madrid) y tiene una consulta privada, ha tratado a mujeres con cuadros de depresión o ansiedad porque no tienen legalizada su convivencia, matrimonial en la práctica, aunque sin pasar por el registro civil o la vicaría. 'Para los heterosexuales', afirma, 'la inscripción como pareja de hecho puede ser una vía intermedia, previa al matrimonio'.

Carmelo Machín, de 48 años, y Anna Bosch, de 38, ambos periodistas de Televisión Española, viven juntos desde noviembre de 1994 y se inscribieron en el registro de parejas de hecho de la Comunidad de Madrid en diciembre de 2000. ¿Por qué no se casan? 'Por pereza y alergia común a la movida que supone invitar a la familia y todo eso, porque no hemos sentido presión desde nuestro entorno social, porque no vimos al principio ni vemos ahora la necesidad de hacerlo. Ni siquiera se trata de que tengamos un rechazo ideológico al matrimonio. Hace unos años pensamos muy seriamente en casarnos, cuando uno (Carmelo) se iba a ir de corresponsal y la otra iba a acompañarle con una excedencia, pero al final hubo trabajo para los dos y no fue necesario'.

¿Y por qué se han registrado? 'Porque a medida que pasaba el tiempo y veíamos que la relación iba para largo, nos planteamos la conveniencia de apoyar legalmente la decisión de vivir juntos, ser en definitiva una pareja de derecho sin la parafernalia que supone una boda y sin que, en caso de ruptura, haya que sumar al tremendo trauma psicológico que ello supondría, el provocado por un largo proceso legal. Puede llegar un día en que sea necesario demostrar que existe una relación. Además, compromiso lo hay desde el momento en que te compras una lavadora a medias o se comparte un piso. En realidad, desde que te enamoras'.