Otra política económica
El autor sostiene que la economía española carece de políticas eficaces para aprovechar las épocas de bonanza y capear momentos de crisis como el actual.
No ha habido ningún milagro económico español. Nuestro país creció y creó empleo cuando todos los demás lo hacían, y ahora sufrimos la desaceleración internacional en forma de más paro. Algunos deberán devolver las medallas que se apuntaron cuando se pusieron de puntillas para parecer más altos.
Pero, además de tomar nota de los hechos sobre los que no se tiene control, hay que examinar las políticas económicas de los Gobiernos ya que, incluso en medio de la globalización, tienen margen de actuación en dos asuntos clave: atenuar las consecuencias negativas de las crisis, en lo que el Gobierno Aznar suspende, y también en traducir las épocas de bonanza en mejoras de productividad y de bienestar para sus países, asunto donde cada día es más evidente que no pasa de la calificación de necesita mejorar.
El gasto social por habitante en España es inferior al de Grecia y al de Portugal
Entre 2000 y 2002, la economía española verá cómo su ritmo de crecimiento caerá más de dos puntos porcentuales. Si éste es el indicador de la desaceleración, podemos decir que España será de los países de la Unión Europea donde la crisis se mostrará con mayor intensidad. Si añadimos que tenemos la mayor tasa de precariedad laboral de Europa, las repercusiones sobre el paro pueden ser todavía mayores.
Ante este cambio de ciclo, la política económica coyuntural debería haberse orientado a fomentar el consumo de las familias rebajando el IRPF, mejorar la inversión pública, revisar los aspectos negativos de la última reforma laboral y dejar que los presupuestos absorbieran los efectos de la crisis sin obsesiones por el déficit público resultante. Todo lo contrario de lo que ha planteado el Gobierno de Aznar: subidas de impuestos que penalizan el consumo -casualmente, el único año en que no hay elecciones de ningún tipo-, fomento del ahorro para las rentas altas mejorando la tributación de los planes privados de pensiones, beneficios fiscales para las rentas empresariales que el propio presidente de la CEOE dijo que no servían para estimular la inversión privada y recortes del gasto público, como los anunciados en el seguro de desempleo, con el objetivo del déficit cero como obsesión. Ningún otro país de la Unión Europea, ésos a los que Aznar critica insensatamente desde el púlpito de la presidencia semestral, ha planteado medidas económicas tan contrarias a lo que se necesita en una fase de recesión como la actual, ni tan de derechas en sus repercusiones sociales.
Después del euro, la política económica tiene que hacerse de manera distinta. Además de someterse a las restricciones que implica compartir la misma moneda, hay que saber aprovechar las ventajas que tiene, por ejemplo, el disponer del mismo tipo de interés que Alemania o Francia. No enterarse de los márgenes de la nueva situación da como resultado que España mantiene un diferencial de inflación que va minando poco a poco la competitividad de nuestras empresas mientras renunciamos al diferencial de déficit público que contempla el Pacto de Estabilidad precisamente para que aquellos países más atrasados de la Unión, perceptores de fondos y ayuda con fecha de caducidad, puedan hacer el esfuerzo adicional que necesitamos si queremos aproximarnos al nivel de vida de nuestros socios. La obsesión por el déficit cero cuando otros con más riqueza y bienestar que nosotros mantienen déficit por encima del 2% del PIB, lejos de llenarnos de orgullo patrio, muestra una torpeza histórica que perpetúa nuestro atraso relativo.
La mejor prueba de ello es el balance de lo acontecido en los últimos años. Según un reciente estudio de la consultora Lehman Brothers sobre un indicador de salud económica elaborado a partir de más de cuatrocientas variables, España ocupa el puesto 17 de 21 países analizados. Eurostat, por su parte, acaba de ratificar que el gasto social en relación al PIB ha bajado en España desde que gobierna el PP hasta el punto de que el gasto social por habitante es más bajo que en Grecia y Portugal. Y, por último, según un informe de la Comisión Europea sobre competitividad, España es el único país de la Unión cuya productividad ha caído en los últimos años y no como consecuencia de la creación de empleo -otros países han creado empleo y han mejorado productividad-, sino por el estancamiento que se ha producido en las inversiones en nuevas tecnologías, en investigación y desarrollo, en todo lo relacionado con la sociedad del conocimiento.
La información que se va conociendo sobre la pasada gestión económica del Gobierno Aznar confirma que los años de crecimiento económico no han sido aprovechados para mejorar la competitividad de nuestra economía y la cohesión social de nuestra sociedad mediante el esfuerzo presupuestario adicional que hace falta si queremos recortar distancias con los países europeos. Simplemente, se ha galopado a lomos del ciclo internacional.
Las reformas estructurales y las liberalizaciones son dos bazas que el Gobierno presenta como lecciones frente a Europa. Con una inflación subyacente en España que duplica la media europea y, todavía, con la tasa de paro más alta, no parece que las reformas estructurales hayan sido un éxito precisamente. Tampoco liberalizaciones como las del sector eléctrico, que han llevado a que media España sufra apagones y a que dos empresas controlen el 80% del sector y fijen precios, parece que deban exhibirse como prueba de una buena gestión.
El balance con el que el Gobierno va a ir a la Cumbre de Barcelona es bastante mejorable. Y, desde luego, no permite dar clases de política económica a países más ricos, más solidarios y más productivos que el nuestro. Si la ignorancia es atrevida, la prepotencia es temeraria.
Jordi Sevilla es responsable de Economía del PSOE.
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