El Parlamento andaluz aprueba recurrir la Ley de Universidades ante el Tribunal Constitucional

El Parlamento andaluz acordó ayer presentar un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la polémica Ley Orgánica de Universidades (LOU), promovida por el Gobierno del PP. La Cámara autonómica considera que la LOU, aprobada en el Congreso de los Diputados en diciembre del año pasado, 'vulnera la autonomía de las universidades' (en Andalucía hay 10) e 'invade competencias propias de la comunidad', que tienen competencias plenas tanto en materia de educación universitaria como no universitaria. Éste es el primer recurso de inconstitucionalidad que se presenta contra la LOU y fue aprobado con los votos del PSOE, IU, el Partido Andalucista y el Grupo Mixto. Sólo el PP votó en contra.

La petición, que fue solicitado, entre otros sectores, por la Conferencia de Rectores de Andalucía (CRUA), considera que hasta 20 preceptos de la LOU son inconstitucionales.

Sobre la autonomía universitaria, el recurso destaca que el artículo 15.2 obliga a que en el Consejo de Gobierno de las universidades haya tres representantes sociales o políticos del Consejo Social que no pertenezcan a la comunidad universitaria. También subraya que el artículo 51 establece que los profesores podrán ser contratados por las universidades 'sólo en aquellas áreas de conocimiento que establezca el Gobierno', y que actualmente son establecidas por el Consejo de Universidades. Otros aspectos polémicos se recurren son la habilitación nacional del profesorado y la obligación a las universidades de que cubran sus plazas vacantes con habilitados como mucho a los dos años de sacarlas a concurso.

Acerca de la limitación de las competencias autonómicas, el recurso indica que el artículo 4.1.b. atribuye a las Cortes Generales la capacidad de crear universidades públicas o privadas, y que el 43.1 limita la capacidad de la Junta para fijar las plazas que se ofertan en las universidades públicas, pero no en las privadas. Denuncia además que la LOU permita crear universidades a la Iglesia Católica sólo mediante un acuerdo del Gobierno autonómico y sin necesidad de pasar por la Ley de Reconocimiento, como tienen que hacer el resto de las privadas.

Durante el debate, el diputado socialista, Luis Ángel Hierro, advirtió de que esta ley evidencia que el presidente del Gobierno, José María Aznar, no entiende la educación universitaria en el sentido en que lo hace la Constitución. La diputada del PP, María José García Pelayo, dijo que se trata de un recurso 'político y no jurídico', por lo que acusó al PSOE de utilizar el Parlamento para sus 'intereses partidistas', informa Europa Press.