La Junta irá al Constitucional por las apuestas hípicas

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están preparando un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 24/2001 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que desarrolla la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2002. En la disposición adicional vigésima de dicha norma, el Gobierno central introduce un marco de competencia centralizado para la autorización de apuestas en todo el territorio nacional o en más de una comunidad autónoma. País Vasco, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana también están redactando un recurso similar al verse afectadas en el sector hípico, según fuentes de la Consejería de Gobernación.

El ejecutivo andaluz considera que 'esto vulnera lo establecido en el Estatuto de Autonomía, donde queda reflejado que la región autoriza en exclusiva cualquier juego y apuestas salvo las benéficas', afirman las fuentes. El punto de fricción lo representan las apuestas externas de los hipódromos andaluces, actividad ya regulada por la Junta. La gestión de este servicio fue adjudicada a Apuestas Mutuas, sociedad creada al 50% por los hipódromos de Mijas y Dos Hermanas. Un concurso posterior otorgó a la firma francesa E-Quiniela la gestión de ambos recintos y de las apuestas externas en Andalucía.

La disposición del Gobierno central imposibilita, según la Junta, las conversaciones para instituir una red de apuestas hípicas entre las cinco comunidades que tienen, o tendrán en un futuro próximo, este tipo de instalaciones (Andalucía, Valencia, País Vasco, Cataluña y Baleares). Si se estableciera esta conexión, cualquier persona podría jugar desde San Sebastián por las carreras que se celebrasen en Dos Hermanas o Mijas, y viceversa.

'Esto es lo que pretende evitar el Gobierno central al tratar de controlar las apuestas externas entre más de una comunidad. Esto le da la recaudación de los impuestos por esta actividad', explican desde Gobernación. La disposición vigente en la actualidad es clara al respecto: 'Corresponde a la Entidad Pública Loterías y Apuestas del Estado ejercer la competencia, de conformidad con la normativa vigente, para la autorización del desarrollo de todo tipo de apuestas, cualquiera sea el soporte de las mismas, boletos, medios informáticos o telemáticos, siempre que su ámbito de desarrollo, aplicación, celebración o comercialización abarque el territorio nacional o exceda de los límites de una concreta comunidad autónoma'.

El Ejecutivo andaluz aventura que esta regulación del Gobierno central pretende solucionar los problemas del hipódromo de La Zarzuela de Madrid, que lleva años cerrado y cuyo concurso de adjudicación quedó desierto recientemente. 'Así, si consiguen centralizar la gestión y recaudación de las apuestas externas, podrán hacer emerger el recinto ahora en desuso', opinan fuentes del ejecutivo andaluz, que insisten en que la norma central despose a la Junta de sus competencias y de los beneficios fiscales, no cuantificados pero sin duda importantes.

Por estos mismos motivos, Andalucía y otras comunidades iniciaron un conflicto de competencias con el Estado por la elaboración de un Real Decreto para instaurar una lotería instantánea o presorteada. El citado decreto fue contestado por diversas comunidades con un pleito admitido por el Tribunal Constitucional. El asunto está pendiente de resolución. No obstante, el Estado paralizó dicha lotería.