Los mineros acuden a los jueces para poder abrir nuevas explotaciones en Campo Real

Sin ser todavía una realidad, el futuro aeropuerto de Campo Real se enfrenta ya a su primera barrera judicial: la patronal de los mineros (Anefa) ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia contra el acuerdo regional que impide que se abran más minas en la 'comarca'. Los empresarios del sector aseguran que esta prohibición es 'nula de derecho' y piden que se suspenda porque, entre otras cosas, ni la orden detalla el área afectada ni existen aún planos del aeropuerto. La Comunidad replica que sólo se trata de 'una reserva de suelo'.

El último Consejo de Gobierno celebrado el pasado diciembre declaró 'no registrable, por motivos de interés público, la comarca de Campo Real', donde se prevé que en un área de cerca de mil hectáreas se instale en 2015 el futuro aeropuerto que sustituirá al de Barajas. En esa decisión participaron las consejerías de Economía, Presidencia y Urbanismo, y se basó en el interés del Gobierno regional de impedir que en la zona de lo que será el futuro aeródromo se asienten más mineros.

La medida del Ejecutivo ha generado rechazo y desconcierto en el sector minero, y por ello la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos (Anefa) ha emprendido una auténtica batalla legal para intentar echar atrás el acuerdo aprobado por Ruiz-Gallardón. De momento, Anefa, que en Madrid representa a medio centenar de empresas, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior en el que pide 'la suspensión de la ejecutividad y eficacia del acuerdo'.

En el recurso, los mineros argumentan, entre otras cosas, que la prohibición es casi de 'imposible aplicación', porque no detalla el perímetro exacto del área en la que se quieren evitar nuevas extracciones. Además, según Anefa, el acuerdo se refiere a Campo Real como 'comarca', un término que en la Comunidad de Madrid no tiene validez jurídica.

'Intervencionista'

Anefa entiende que el acuerdo es 'nulo de pleno derecho', porque la Comunidad basa su decisión en un punto de la Ley de Minas de 1973 que es de claro corte 'intervencionista' y que, según José Luis Fuertes, el abogado de la asociación, 'se utilizaba en época de Franco'. En todo caso, el letrado Fuertes cree que, al tratarse de recursos mineros estatales, y pese a que las competencias han sido transferidas a la Comunidad, la prohibición sobre Campo Real debería partir del Gobierno central. 'Es que por ahora ni siquiera existen planos del aeropuerto', añade Fuertes.

Los mineros también se quejan de que la decisión del PP se tomó de forma 'unilateral' y sin tener en cuenta, según el presidente de Anefa, Rafael Fernández Aller, que en Madrid se empieza a plantear ya un 'problema grave de distribución de áridos'. Los empresarios hablan de reservas para un periodo no mayor a diez años.

Desde la Consejería de Economía, su titular, Luis Blázquez, aduce que el acuerdo del Consejo de Gobierno 'sí se ajusta a derecho' y que se trata 'de una reserva de suelo sin la cual no podría ejecutarse el proyecto del aeropuerto'.

Blázquez reconoce que los recursos mineros de los que dispone Campo Real son 'un derecho que tienen las empresas', pero asegura que en este caso se trata de aclarar el horizonte urbanístico del futuro aeródromo.

Para el diputado socialista Modesto Nolla, la decisión del Gobierno regional 'es una auténtica chapuza'. 'Un acuerdo en papel mojado' que, según Nolla, tal como está redactado no garantizará que se eviten nuevos derechos mineros. El diputado socialista cree que la prohibición llega tarde y tiene poca fuerza jurídica.

En Campo Real ya están abiertas, según cálculos del sector, unas siete minas que extraen áridos y calizas, dos productos abundantes en la zona y apetecidos por las empresas constructoras. Si el aeropuerto se hiciera realidad, los mineros tendrían que ser expropiados e indemnizados, como pretenden que también ocurra con la construcción de la M-45. En este caso, la empresa Tolsa ha reclamado a la Comunidad 2.700 millones de pesetas por los daños económicos que les acarreará esta autovía, ya que no podrár extraer la sepiolita que se halla bajo Vicálvaro y Vallecas Villa.

El sector minero genera en la Comunidad de Madrid un volumen de negocio superior a mil millones de euros y crea más de 3.000 empleos directos y 8.000 indirectos, según datos de Anefa. En la región existen 65 explotaciones de áridos que producen una media de 450.000 toneladas al año.