Un diputado del PP de Asturias relacionado con un cobro de comisiones anuncia su dimisión

El diputado regional del PP de Asturias y presidente de la junta local de ese partido en Langreo, Javier Suárez Álvarez-Amandi, ex portavoz popular en el Parlamento autonómico ha anunciado que abandonará todos sus cargos públicos antes de medio y medio. Javier Suárez ha sido relacionado desde hace un año con un caso de supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a varias empresas de hipermercados que pretendían instalarse en el municipio de Langreo. El asunto está siendo investigado por el juzgado de esa localidad minera.

El pasado día 22 su supuesta intervención en el caso se vio aún más comprometida a raíz de la declaración que prestó ante el instructor del proceso judicial un directivo de la empresa Eroski, quien aseguró que Suárez Álvarez-Amandi fue la primera persona en hablarle de dinero.

Tanto Suárez Álvarez-Amandi como el presidente regional del PP de Asturias, el senador Ovidio Sánchez, negaron ayer cualquier vínculo entre la renuncia del primero a todos sus cargos políticos y la investigación judicial en marcha. Ambos afirmaron que la dimisión obedece a motivos privados y profesionales.

Suárez alcanzó gran notoriedad por otra dimisión. En 1998, en una comparecencia pública, anunció entre sollozos su renuncia como viceconsejero de Sanidad del Gobierno asturiano presidido por Sergio Marqués, una vez que, en plena ruptura de éste con el Partido Popular, el entonces secretario general del PP, Francisco Álvarez-Cascos, ordenó a los militantes populares de abandonar sus cargos en el Ejecutivo asturiano.

Conversaciones grabadas

El caso de un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a grandes superficies comerciales para implantarse en Langreo fue denunciado en abril del año pasado por el PSOE asturiano. Los socialistas promovieron entonces el expediente de sanción y posterior expulsión del partido de su portavoz municipal en ese municipio, el ex dirigente sindical minero José Laudelino Campelo, una vez que tuvo en su poder grabaciones comprometedoras de las conversaciones mantenidas entre ese militante socialista y representantes de las empresas Leclerc y Codema. En ellas presuntamente se les reclamaba el abono de 40 millones de pesetas (240.404 euros), tras reducir a un tercio su petición inicial de 120 millones (721.214 euros).

Tras hacer público el PSOE el escándalo, trascendió que Javier Suárez Álvarez-Amandi era conocedor de tales contactos desde hacía un año y que su nombre era utilizado por Campelo en sus tratos con empresarios. Suárez sólo informó de ello a miembros de la dirección local pero ocultó los hechos tanto a la dirección regional del PP como al grupo parlamentario, del que es miembro. 'La sentencia que a mi me importa', dijo ayer Suárez, 'es la de mi conciencia, y esta sentencia me ha absuelto con un margen grandísimo'.