El juez investiga el cobro de sobresueldos de Jesús Gil y ediles de su grupo a través de sociedades municipales

La reconstrucción de la mayoría de los sumarios robados de los Juzgados de Marbella el pasado verano ha permitido continuar con la instrucción de importantes causas abiertas contra Jesús Gil, como el caso Eventos. El juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Marbella en comisión de servicio, Manuel Caballero-Bonald, ordenó el 2 de enero a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la policía que cumplimente el informe sobre pagos y transferencias de fondos municipales al alcalde de Marbella, ediles del GIL y directivos del Atlético de Madrid, a través de las empresas públicas.

El caso se encontraba paralizado desde la marcha de su anterior instructor, Santiago Torres, que pidió traslado a Madrid. El juez investiga si los siete imputados en el procedimiento -entre los que se encuentran, además de Gil, su hijo Miguel Angel Gil Marín; el ex vicepresidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el ex gerente de la sociedad municipal Eventos 2000, Modesto Perodia y ediles del GIL-, desviaron el dinero municipal a sus cuentas privadas.

Las pesquisas se amplían también a personas del entorno de los imputados que cobraron cantidades de las empresas públicas Eventos 2000 y Difusión y Comunicación 2000, sin que aparezca en concepto de qué se realizaron los pagos. De hecho, el juez ha enviado un requerimiento al interventor municipal y a los administradores de las dos sociedades citadas para que 'presenten justificación documental de los acuerdos o disposiciones municipales y soportes documentales que hayan dado lugar a los pagos efectuados por el Ayuntamiento de Marbella', que figuraban en un primer informe de la Udyco.

La decisión de continuar con la instrucción da un nuevo impulso a la investigación que se centra en los sobresueldos que supuestamente recibieron Gil y sus colaboradores de distintas sociedades municipales, y que se cobraron mediante simples justificantes. También se investiga si estas cantidades fueron declaradas a la Hacienda Pública.

En el anterior informe de la Udyco, incorporado a las diligencias, aparecen pagos millonarios al ex abogado de Jesús Gil, José Luis Sierra, por una cantidad cercana a los 60 millones de pesetas en los años 1994 y 1997, y distintos ingresos a la empresa Difusión y Comunicación de más de cien millones de pesetas entre los años 1996 y 1997.

Por otra parte, el PP denunció ayer la adjudicación del servicio de grúas de Marbella a una empresa próxima al entorno de Jesús Gil. Se trata, según la edil popular Francisca Caracuel, de Baradina S.L, cuya administradora única es Adela Núñez Pacheco, esposa del empresario Ramón Mesa. Mesa es también propietario de Zumos Marbella, a la que el ayuntamiento habría autorizado la construcción de 950 viviendas en la finca Cortijo de San Cristóbal, en suelo forestal no urbanizable.