Lo que Bush no dijo

Este periódico salió a la calle el 4 de mayo de 1976 con un buen puñado de decisiones muy sopesadas durante los meses anteriores. Una de las más importantes es que sus primeras páginas, por delante de las de opinión y de las del resto del periódico, estuviesen dedicadas a la información internacional.

Era una manera de hacer visible el propósito de abrir las ventanas y ensanchar los horizontes de un país, forzado por el franquismo a mantener un pernicioso ensimismamiento, que venía de atrás y que trataba de sostenerse con el argumento de que todos los males llegaban de fuera.

El periódico trataba de contribuir a lo contrario: sólo enganchándonos al carro que circulaba por lo que entonces se llamaba el mundo occidental podríamos superar lo que se había venido llamando el aislamiento secular.

Desde el primer día, la información internacional tuvo especial relevancia en el conjunto del periódico y el propósito inicial se ha mantenido como una de sus señas de identidad.

Ese compromiso exige dosis de calidad y de rigor reforzadas, si cabe, por esos antecedentes y explican que Jim Farrugia se haya dirigido al Defensor para quejarse de los titulares del pasado miércoles que informaban del discurso sobre el estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, George Bush.

En primera página se tituló: 'Bush propone incrementar el gasto militar para reactivar la economía', y en la página 2 del periódico: 'Bush propugna un fuerte aumento del gasto militar para combatir la recesión'. Farrugia piensa que ambos son falsos y que Bush no dijo tal cosa en su discurso.

La información del miércoles advertía claramente que el texto estaba escrito antes de que se pronunciase el discurso, algo que ocurrió sobre las tres de la madrugada del jueves -hora peninsular española- y después del cierre de todas las ediciones del periódico.

Enric González, corresponsal en Washington, hacía saber en su crónica que estaba escrita con los datos que, unas horas antes de la comparecencia del presidente, había facilitado Karen Hughes, principal asesora de prensa de Bush, y que el texto del discurso se mantenía 'en secreto'.

Al principio de la crónica podía leerse que 'la concesión de 48.000 millones de dólares adicionales al Pentágono será la principal causa de un déficit presupuestario de 80.000 millones, pero ayudará a luchar contra la recesión'.

González ha explicado al Defensor que en ningún momento puso en boca de Bush una sola frase, ni le atribuyó ninguna cita textual, ya que no conocía el discurso y que, evidentemente, interpretó los datos que sobre el contenido del discurso había facilitado la Casa Blanca antes de que se pronunciase.

Farrugia piensa que la frase anteriormente transcrita y los titulares 'dan una impresión errónea de lo que dijo Bush o, dicho de otra manera, que le atribuyen a Bush algo que, simplemente, no ha dicho'.

En opinión del lector, no se debe escribir algo sin que sea posible distinguir 'los hechos (en este caso lo que ha dicho Bush) de la opinión del escritor (en este caso, la interpretación sobre lo que ha dicho Bush)'.

Asegura en su carta que oyó todo el discurso del presidente y que ' aunque es verdad que propuso aumentar los gastos militares, en ninguna parte dijo que quiso aumentar ese presupuesto para reactivar la economía'.

Cree, con razón, que el lector debe poder distinguir entre 'un relato de hechos y lo que va más allá, con una evaluación de esos hechos', llevada a cabo por el periodista.

El problema, una vez más, está en los titulares. Con los antecedentes que se han narrado es fácil entender que las interpretaciones del contenido del discurso, hechas sobre las líneas generales que se habían facilitado oficialmente, suponen un riesgo cierto, pero el paso definitivo en el error se da cuando se titula sin matices, con un 'para' que pone en boca de Bush, con relación causa-efecto, el aumento de gastos militares y la reactivación de la economía estadounidense.

La realidad es que el presidente de Estados Unidos habló, por separado, de aumento de gastos militares, de seguridad para todos los ciudadanos de su país y de reactivación de la economía.

José Manuel Calvo, redactor jefe de la sección de Internacional, se reponsabiliza de los titulare y admite claramente que se hizo una 'simplificación excesiva' de los datos que se conocían.

¿Laico o aconfesional?

Luis Manuel Duyos se ha dirigido, en más de una ocasión, al Defensor del Lector para quejarse por el tratamiento que da el periódico a cuestiones relaciodas con la religión y, más específicamente, con la Iglesia católica.

Su última carta advierte de que el periódico, en su opinión, está cometiendo un grave error al afirmar que España es un 'Estado laico'. Ello ha ocurrido en algunas informaciones, en textos de colaboradores y en alguna carta al director.

El lector piensa que el periódico difunde la idea de que nuestro país se sustenta en un Estado laico, cuando la realidad es que se trata de un Estado 'no confesional', o aconfesional. El laicismo, dice, 'trata de impedir cualquier influencia de la religión en el hombre y en la sociedad', mientras que la Constitución (artículo 16.1) 'garantiza la libertad religiosa', proclama que 'ninguna confesión tendrá carácter estatal' y, a renglón seguido, establece que 'los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones'.

Sin duda, el lector tiene razón. Basta acudir a un manual universitario de Derecho Constitucional, por ejempo el que han escrito varios catedráticos de la especialidad, encabezados por Luis López Guerra, para leer que la Constitución española hace una 'proclamación del carácter aconfesional' del Estado, en su papel frente a la libertad religiosa que reconoce.

Es tan claro que no estamos ante un Estado laico que, en el mismo texto, los autores escriben que 'el mandato constitucional de colaboración con las distintas confesiones veda una política, no ya de hostilidad hacia los sentimientos religiosos existentes en la sociedad, sino incluso de indiferencia. La Constitución obliga a que dichos sentimientos sean tenidos en cuenta, lo que hace constitucionalmente obligada una política de cooperación con las confesiones religiosas'.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número 91 337 78 36.