La batalla del CD 'gravable'
Una sentencia obliga a un fabricante de CD de datos a pagar a la SGAE derechos de autor porque el soporte puede grabar audio
Un delgado disco de plástico es el campo de batalla en el que están luchando los fabricantes de electrónica y las entidades que gestionan los derechos de autor. Una sentencia de un juzgado de Barcelona considera que los CD-R, los discos compactos que se utilizan para grabar datos, deben pagar un canon por derechos de autor, ya que también se puede grabar música en ellos. Ninguna de las partes aclara cuánta gente hace una u otra cosa.
La SGAE asegura tener un informe que dice que el 77% de los CD-R se usa para copiar discos. Asimelec dice poseer otro que rebaja la cifra al 10%
La polémica de los CD-R (compact disc recordable) es una nueva vuelta a una tuerca que lleva 10 años marcando las relaciones entre los fabricantes de electrónica y las gestoras de los derechos de autores, intérpretes, discográficas y editoriales. Desde 1992, los fabricantes de cintas vírgenes, fotocopiadoras y grabadoras de audio y vídeo pagan un canon a los organismos que controlan esos derechos por el dinero que, teóricamente, dejan de ingresar cuando una persona graba una cinta o fotocopia un libro. Cada soporte paga una cantidad, marcada en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Las fotocopiadoras, por ejemplo, pagan entre 7.500 y 37.000 pesetas; una cinta de audio, 30 pesetas por hora; una de vídeo, 50 pesetas por hora.
Las relaciones entre los fabricantes de estos soportes y las gestoras de derechos se han mantenido con alfileres. La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) se queja de que las tarifas no han subido en 10 años, mientras que los fabricantes agrupados en la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec) aseguran haber pagado más de 150,2 millones de euros en este periodo. Pero las frágiles relaciones se han roto con los CD-R, los discos compactos de grabación de datos. Programas de software, videojuegos, la declaración de la renta: todos están grabados en CD-R, que está sustituyendo al disquete por su gran capacidad (650 MB frente a 1,4).
Negociación
El problema surge cuando usuarios domésticos de PC empiezan a utilizar los CD-R para realizar copias de CD de música. La SGAE y Asimelec negociaron durante un año el pago de un canon, pero las relaciones se rompieron por la definición de usuarios: en España se venden 80 millones de CD-R al año y, mientras la SGAE asegura tener un informe que dice que el 77% de ellos se usa para copiar música, Asimelec dice poseer otro que rebaja la cifra al 10%. Cada una de las partes está dispuesta a admitir el pago (o cobro) del tanto por ciento que reconocen por el uso del audio. Pero ninguna publica los informes que prueban ese uso.
El siguiente paso ha sido el juzgado. La SGAE ha demandado a cuatro fabricantes (Traxdata, HP, Verbatim e Imation) y, el pasado 2 de enero, se dictaba la primera sentencia: una juez condena a Traxdata a pagar canon a la SGAE por los CD-R vendidos desde 1997. Traxdata y el resto de las demandadas han declinado aclarar cuántos CD-R venden al año, pero Asimelec cifra en 45 millones de euros (ver cuadro) el impacto sobre el sector, si la sentencia se hiciera firme.
Las partes dicen que siguen abiertas a un acuerdo. 'Nos gusta negociar, no imponer', dice Juan Palomino, director de Reproducción Mecánica de la SGAE.
Otras entidades gestoras de derechos, como la AIE (intérpretes) y la AGEDI (productores), han preferido no pronunciarse sobre este tema.
Los fabricantes se aferran al argumento de que no se puede 'controlar el uso que se hace de los productos', dice José Pérez, director general de Asimelec. Para Javier Ramírez, miembro de la comisión jurídica de la asociación tecnológica Sedisi, 'la protección debería establecerse del lado de la obra, no del soporte'. El sector está molesto, además, porque cree que la SGAE está tratando de compensar las pérdidas que le causa la piratería de música, ilegal y perseguible, gravando al sector. 'Una cosa es la piratería y otra la copia privada', niega Palomino. Los manteros que venden dos CD por seis euros en las grandes ciudades usan CD-R.
La base de esta sentencia y de toda esta polémica es un supuesto hábito de los españoles a la hora de copiar CD que nadie ha sabido o querido probar ni desmentir. 'Es bien sabido', dice la resolución, 'cuál es el hábito del consumidor español, el de grabar mediante ordenador (aparato ya común en casi todos los hogares) los CD legalmente adquiridos por otras personas'. Como los contendientes en esta lucha, en espera de una negociación, no muestran sus datos públicamente, hay que buscarlos en otra parte. Según los datos de la memoria del año 2000 de Sedisi y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, un 5,5% de los hogares españoles tiene PC y grabadora de CD.
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