El Cabanyal gana el primer asalto

Algunos urbanistas se sorprenden cuando ponen su vista por primera vez en un plano de la ciudad de Valencia. Entonces descubren la existencia de unas peculiares avenidas -ahora conocidas como autopistas urbanas- que acaban en vía muerta. Ejemplos de ello son la autopista de El Saler, que concluye de repente en una estrecha carretera comarcal que circula por el interior del espléndido y presionado parque natural de L'Albufera; la avenida del barón de Cárcer -conocida popularmente como la avenida del Oeste-, que concluye frente al nudo de callejuelas del Mercado Central del histórico barrio de Velluters; y la avenida de Blasco Ibáñez que se trunca frente a la estación de ferrocarril de El Cabanyal. Las tres grandes avenidas tienen una característica en común, se detuvieron frente a la reivindicación patrimonial de sus vecinos.

Este concepto es el que se disputan en los tribunales y en la calle dos fuerzas asimétricas. Por un lado el omnipotente Partido Popular, liderado en la Corporación municipal por Rita Barberá. Por otro, un movimiento vecinal estructurado en distintos niveles y con novedosas formas de actuación frente a la Administración.

La alcaldesa de Valencia se presenta como heredera del centenario proyecto del Paseo al Mar y depositaria de la voluntad mayoritaria de los vecinos, que la han votado con mayoría absoluta en las dos últimas legislaturas. Las organizaciones vecinales esgrimen el derecho a mantener viva la tradición y el modo de vida heredados de sus mayores, que configuraron una trama urbana de reconocido interés y, con ello, crearon una forma de vivir propia, que implica sus señas de identidad y de la ciudad en la que se alojan.

Ante estas posiciones antagónicas, la popular Rita Barberá ha optado desde el año 1997 por imponer su poder en las urnas para encajar a presión en el laberinto administrativo su ambicioso plan urbanístico de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Las organizaciones vecinales han intentado defender sus intereses mediante movilizaciones populares del más diverso carácter -desde huelgas de hambre hasta exposiciones, caceroladas y subastas de obras de arte- y los recursos ante la Administración de Justicia.

Ha sido en este último ámbito donde han logrado su primera victoria parcial, tras un rosario de derrotas -las de cada paso administrativo que acercaba la piqueta del Ayuntamiento a el Cabanyal-. Esta semana el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en un auto de la sala de lo Contencioso-Administrativo, ha estimado el valor patrimonial del barrio de El Cabanyal-Canyamelar. Frente a los valores económicos y sociológicos esgrimidos por la Corporación de Rita Barberá, el TSJ ha primado el valor patrimonial y arquitectónico esgrimido por los vecinos y, consecuentemente, su derecho de minoría a mantener también sus valores económicos y sociológicos. Así, el tribunal paraliza cautelarmente los derribos necesarios para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. La razón es nítida. Hasta en tanto en cuanto no se resuelvan los recursos presentados al conjunto del plan urbanístico, la trama urbana de El Cabanyal está declarada bien de interés cultural por la Generalitat desde 1993 y, consecuentemente es un elemento a proteger. El auto señala que, si se autorizasen los derribos y el plan urbanístico fuese declarado ilegal finalmente, el daño sería ya irreversible.

La decisión judicial permite al Ayuntamiento de Valencia prolongar en un tramo más la autopista urbana hasta la línea de mar, pero seguiría en un callejón sin salida. Un gran esfuerzo político para tan poca rentabilidad social y urbanística, al menos de momento. Las partes son conscientes de que la resolución de los contenciosos, dada la saturación de la Justicia, se demorará durante años y que el auto del TSJ abre un nuevo escenario.

Por un lado, los vecinos, hartos de la degradación del barrio que ha languidecido en los últimos años a la espera de un plan de inversiones, exigen que se doten ya fondos para equipamientos y rehabilitaciones que les permitan reforzar su modo de vida. Por otro, los populares advierten de que el auto judicial supone una ausencia de gestión que hará languidecer aún más la zona protegida por el TSJ, con lo que al final los vecinos renunciarán a sus señas de identidad.

Y es en el asunto del dinero donde está otro de los ejes del conflicto de un proyecto urbanístico, cifrado en 180 millones de euros. Ya que si la prolongación de la avenida -que debe acabar junto a un lujoso hotel en el complejo de Las Arenas ubicado frente al mar- se paraliza no se podrán generar las plusvalías inmobiliarias necesarias.

Que, por ahora, están en vía muerta.