El barrio se salva porque es bien de interés cultural

La declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) ha salvado, de momento, al antiguo barrio de pescadores de El Cabanyal de la ejecución de las expropiaciones contempladas en el plan urbanístico para prolongar hasta el mar la avenida de Blasco Ibáñez. El pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), compuesto por 16 magistrados, ha sustentado la paralización parcial de las expropiaciones en dos argumentos: las consecuencias irreversibles de admitirse la demolición de unos 100 edificios y el valor artístico-cultural de la zona afectada. De hecho, el auto ya explica en el apartado de fundamentos de derecho que 'se trata sin duda de una obra de gran envergadura y por ello resulta previsible que de llevarse a cabo resultaría prácticamente irreversible, por lo que la ejecución haría perder su finalidad legítima al recurso'. O lo que es lo mismo, si el tribunal hubiera permitido las expropiaciones previstas, no habría marcha atrás si finalmente el plan de intervención urbanística no prospera. Y dice más: 'En el presente caso, junto al reseñado interés general, concurre otro interés general, la preservación de un bien declarado de interés cultural'. La declaración, realizada por la Generalitat el 3 de mayo de 1993, de Bien de Interés Cultural del conjunto histórico valenciano, con zonas claramente señaladas en el barrio de El Cabanyal, ha puesto un freno importante a las pretensiones urbanísticas de Rita Barberá.

La mayoría del pleno de la sala del TSJ -nueve frente a siete magistrados que presentan un voto particular- ha entendido que no era éste el momento procesal de entrar en profundidades respecto del plan de intervención urbanística. Pero sí de ponderar intereses. Así pues, dice el auto dictado por la sala, 'hay que estimar como interés preferente el de conservación del patrimonio cultural por el inmediato riesgo de pérdida que puede implicar la ejecución del plan por lo que se refiere a los derribos necesarios para la apertura y obras de nueva planta previstas'.

Los recursos presentados por Salvem El Cabanyal y Pavimar ante el TSJ para solicitar la paralización cautelar de las expropiaciones adjuntaban para debate de la sala, entre otros, el informe de la Sindicatura de Greuges y el dictamen que en su día elaboró la inspección técnica de Patrimonio, redactado por José Ignacio Casar. Ha sido precisamente la consideración de Bien de Interés Cultural que tiene la zona afectada, y ahora provisionalmente a salvo, la clave para la suspensión, en línea con lo que la Síndic de Greuges Emilia Caballero fijó entonces.

Tan es así que aunque el pleno haya evitado pronunciarse sobre el plan, recoge una advertencia en el mismo sentido. 'No es el momento de analizar en profundidad si el plan aprobado responde a las exigencias de protección que tal declaración implica, pero a la vista de la documentación gráfica del plan se constata una notable alteración de la configuración en determinadas calles que podría ser contraria a la conservación de la estructura urbana, que es uno de los elementos a proteger de acuerdo con la declaración de Bien de Interés Cultural'. Ése fue el núcleo de la discusión en el pleno.

Tras la primera sesión sólo quedó claro que un magistrado exponía taxativamente su negativa a la paralización porque a su juicio el tiempo lógico de tramitar las expropiaciones no traería consecuencias irreversibles. Tesis a la que, en segunda convocatoria, se adhirieron, sin más explicaciones, otros seis magistrados.

El voto particular fue esgrimido ayer por el concejal de Urbanismo, Miguel Domínguez, que aseguró que estaba 'mucho mejor razonado'. Esta discrepancia en el auto tiene más en cuenta los factores 'sociológicos y económicos' para respaldar la posición del Ayuntamiento de Valencia, cuya alcaldesa arremetió en su día virulentamente contra la Síndic de Greuges Emilia Caballero por el dictamen sobre El Cabanyal. La obsesión de los populares por cercenar cualquier dictamen que apoyase las tesis de los vecinos también se tradujo en el traslado del técnico de Patrimonio que informó desfavorablemente sobre las intenciones del equipo de gobierno municipal. A pesar de ello, y por nueve votos a favor, el valor cultural de El Cabanyal ha tenido un peso específico. José Luis Ramos, abogado de Salvem El Cabanyal, afirmó: 'Barberá no puede hacer lo que le dé la gana'. Ramos profundizó en las lecturas que la alcaldesa debe extraer del auto ya que, a su entender, desprende una filosofía coincidente con la de reconocidos especialistas en patrimonio.