El vigilante huido por el crimen había sido condenado por lesiones

El vigilante de seguridad del puerto de Barcelona James Anglada, acusado de participar en el crimen del puerto de Barcelona y que se encuentra huido, tiene antecedentes penales. En 1997, el Juzgado de Instrucción número 2 de L'Hospitalet le condenó a una multa de 9.000 pesetas por un delito de lesiones por golpear a un joven que le denunció, y ese mismo año la Audiencia de Barcelona le impuso otro año de cárcel por un delito de obstrucción a la justicia. El Tribunal Supremo confirmó la pena, pero la dejó en suspenso durante un tiempo a condición de que no volviera a delinquir.

Se encontró en la calle con un cliente que le había denunciado y le propinó un puñetazo

Anglada huyó del lugar de los hechos nada más producirse la paliza y desde entonces es buscado por la policía. Los tres vigilantes que supuestamente participaron en la agresión de Wilson Pacheco también intentaron poner tierra de por medio, pero no lo consiguieron porque compañeros suyos de la empresa Odissea 2000, encargada de la explotación del Maremàgnum, avisaron a la policía portuaria. Cuando los agentes llegaron, James Anglada, de 29 años, ya no estaba. Después se avisó a los bomberos y enseguida llegó el grupo de homicidios del Cuerpo Nacional de Policía. El cadáver fue recuperado a las once de la mañana del domingo.

Los hechos por los que Anglada fue condenado a una multa de 9.000 pesetas por una falta de lesiones se iniciaron cuando el vigilante se encontró en la calle con el cliente de un local que le había denunciado y le propinó un puñetazo. Después le amenazó y le tiró contra un vehículo. En esa misma época, 1997, Anglada fue condenado también a otra pena de un año de cárcel por obstrucción a la justicia.

El crimen ha provocado un alud de reacciones desde diversos sectores. La Autoridad Portuaria de Barcelona instó ayer a la sociedad Odissea 2000 a que rescinda cuanto antes el contrato de alquiler al propietario del bar Caipirinha, Luis Luque Alarcón, quien será juzgado hoy en Barcelona por vetar la entrada a un gitano en el bar Mojito, situado en el mismo complejo del Maremàgnum.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Barcelona anunció ayer que ha abierto un expediente al bar Caipirinha y que se personará como acusación particular en el caso. Desde mayo de 2000 hasta el pasado mes de diciembre, el consistorio había abierto 11 expedientes a esta sala motivados por denuncias presentadas al vetarse el derecho de admisión a los clientes por causas diversas y no siempre relacionadas con móviles racistas.

De esos 11 expedientes administrativos, ocho acabaron con multas de 100.000 pesetas, dos todavía están en trámite y uno se archivó. En esta ocasión, el Ayuntamiento ha actuado a iniciativa propia. La actual maraña administrativa dificulta de manera considerable una rápida y contundente actuación de los poderes públicos ya que para que el Ayuntamiento clausure el local debe recibir primero toda la información que le envíe la Dirección General de Juego y Espectáculos de la Generalitat, y ésta, a su vez, debe recibirla primero de la Autoridad Portuaria.

El alcalde de Barcelona, Joan Clos, aseguró ayer desde la ciudad brasileña de Porto Alegre, donde asiste al Foro de Autoridades Locales, que exigirá a la justicia 'una actitud ejemplar y contundente' por este crimen. 'Esto no se puede repetir ni extender', declaró Clos, quien instó a 'mantenerse vigilantes ante cualquier actitud de racismo', aunque dijo que no tiene evidencias de que ese hecho hubiese tenido connotaciones xenófobas.

La familia de Pacheco ha contratado los servicios del abogado Jordi Galdeano para ejercer la acusación particular, después de ponerse en contacto con SOS Racismo y rechazar el ofrecimiento de diversos letrados.